Rechazados los cambios en la ley electoral iraquí que legislará el referéndum de la Constitución
La Asamblea Nacional iraquí rechazó este miércoles realizar cambios en la ley electoral que legislará el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución, previsto para el próximo día 15. Según la televisión iraquí Al Iraquiya, los parlamentarios no aceptaron seguir las sugerencias, realizadas por la Unión Europea y EEUU, que pedían cambios en la ley aprobada hace dos días. Un total de 119 de los 147 diputados presentes votaron en contra de los cambios propuestos.
El vicepresidente instó al gobierno de Bagdad a que ofrezca "seguridad completa" a los electores durante la jornada electoral "especialmente en las zonas inestables", en una referencia a las áreas del país de mayoría árabe suní, donde la insurgencia actúa con más frecuencia.
La ONU expresó este martes su preocupación por la modificación de la Ley Electoral iraquí en vísperas del referendo de ratificación de la Constitución. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, indicó que los expertos electorales de la institución mundial se han reunido con las autoridades iraquíes para revisar estos cambios, ante el temor de que no cumplan con los estándares internacionales. "Estamos transmitiendo nuestros puntos de vistas y preocupaciones en relación a los cambios de la ley (...) Es nuestro deber denunciar cuando el proceso no cumple con los estándares internacionales", indicó.
La Ley Electoral estipulaba que la Constitución no será adoptada si dos terceras partes de los votantes en tres de las 18 provincias iraquíes vota en contra, incluso si tiene el apoyo mayoritario a nivel nacional. Sin embargo, los miembros chiíes y kurdos del Parlamento, que gozan de mayoría, forzaron cambios en la normativa, en la que interpretaban que las dos terceras partes para rechazar la Constitución no debían ser sólo los votantes que acudan a las urnas, sino también los registrados. Los suníes, que cuentan con el apoyo mayoritario en cuatro provincias iraquíes, han amenazado con boicotear la consulta popular, por considerar que no hay posibilidad de bloquear la adopción de la Carta Magna.
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