L D (EFE) Un grupo de personas quemó en la mañana del martes una bandera del Partido Comunista de China (PCCh) cerca del lugar donde el primer ministro chino, Wen Jiabao, se reunía con varios políticos y empresarios locales como parte de los actos de celebración del sexto aniversario del retorno de Hong Kong a dominio chino. Al mismo tiempo se reunían en Victoria Park, en el centro de Hong-Kong, varios miles de manifestantes que luego se encaminaron a la sede del gobierno de la región. Si bien no se llegó a los 100.000 manifestantes, como esperaban los organizadores, la asistencia fue lo suficientemente multitudinaria como para eclipsar todos los actos de celebración. Unos 1.800 policías vigilan el recorrido, dispuestos a intervenir en caso de que se produzca algún altercado.
Las protestas están motivadas por un cambio de ley que prepara el Gobierno chino en la legislación del territorio de Hong-Kong, y que pretende castigar con la cadena perpetua los actos de sedición, secesión, subversión, y robos de secretos de estado. Asimismo, autoriza a las autoridades hongkongianas a perseguir grupos locales que tengan lazos con cualquier organización prohibida por los comunistas chinos. También permite a la policía efectuar búsquedas en casas privadas sin orden de registro, y a censurar la difusión de secretos de estado en los medios de comunicación.
Las encuestas muestran que la gran mayoría de los residentes de Hong-Kong rehazan las nuevas medidas, al considerar que reduce sus libertades principales como ciudadanos, y que viola la fórmula “un país, dos sistemas” que China prometió al Reino Unido mantener cuando se produjo la entrega del territorio. En dicho compromiso el Gobierno chino mantuvo que respetaría el sistema administrativo y las leyes con que los británicos habían gobernado Hong-Kong.
Mientras que el Gobierno del territorio promete no “abusar” de la nueva ley, los ciudadanos se muestran muy escépticos, ya que consideran que el ejecutivo está cada vez más a las órdenes del Gobierno comunista chino. Un opositor a la nueva legislación manifestó que “la administración se está haciendo muy intolerante e impaciente para con las críticas”, mientras que otro dijo que “les encantaría tener las armas para callar a la gente, y creo que el `Artículo 23´ es una de esas armas”.
Como informa CNN , la nueva ley ha sido rechazada por numerosos organismos internacionales. La Unión Europea la criticó, por considerar que reducía la autonomía del territorio, al igual que la administración Bush, que expresó su preocupación por que el documento reduciría las libertades de los habitantes de la zona. Por su parte, legisladores estadounidenses y numerosos grupos de defensa de los derechos humanos también han expresado su condena a "Artículo 23", que consideran antidemocrático.
Las protestas están motivadas por un cambio de ley que prepara el Gobierno chino en la legislación del territorio de Hong-Kong, y que pretende castigar con la cadena perpetua los actos de sedición, secesión, subversión, y robos de secretos de estado. Asimismo, autoriza a las autoridades hongkongianas a perseguir grupos locales que tengan lazos con cualquier organización prohibida por los comunistas chinos. También permite a la policía efectuar búsquedas en casas privadas sin orden de registro, y a censurar la difusión de secretos de estado en los medios de comunicación.
Las encuestas muestran que la gran mayoría de los residentes de Hong-Kong rehazan las nuevas medidas, al considerar que reduce sus libertades principales como ciudadanos, y que viola la fórmula “un país, dos sistemas” que China prometió al Reino Unido mantener cuando se produjo la entrega del territorio. En dicho compromiso el Gobierno chino mantuvo que respetaría el sistema administrativo y las leyes con que los británicos habían gobernado Hong-Kong.
Mientras que el Gobierno del territorio promete no “abusar” de la nueva ley, los ciudadanos se muestran muy escépticos, ya que consideran que el ejecutivo está cada vez más a las órdenes del Gobierno comunista chino. Un opositor a la nueva legislación manifestó que “la administración se está haciendo muy intolerante e impaciente para con las críticas”, mientras que otro dijo que “les encantaría tener las armas para callar a la gente, y creo que el `Artículo 23´ es una de esas armas”.
Como informa CNN , la nueva ley ha sido rechazada por numerosos organismos internacionales. La Unión Europea la criticó, por considerar que reducía la autonomía del territorio, al igual que la administración Bush, que expresó su preocupación por que el documento reduciría las libertades de los habitantes de la zona. Por su parte, legisladores estadounidenses y numerosos grupos de defensa de los derechos humanos también han expresado su condena a "Artículo 23", que consideran antidemocrático.