LD (EFE) Atilla Ahmet, londinense de 42 años, fue acusado este miércoles de incitar al asesinato de no musulmanes y publicar comunicados dirigidos a animar a la comisión de actos terroristas. El hombre, que se limitó a confirmar su identidad, tendrá que comparecer el próximo 29 de septiembre en el tribunal penal de Old Bailey. Moussa Brown, de 40 años y acusado de recibir e impartir entrenamiento para la fabricación y uso de armas de fuego, permanecerá en prisión preventiva hasta el 12 de octubre, cuando deberá comparecer ante un tribunal por videoconferencia.
El juez también dictó prisión preventiva hasta el mismo día para Muhammad Al-Figari, de 42 años, Kadar Ahmed, de 19, y un adolescente de 17 años que no puede ser identificado por razones legales, acusados todos ellos de recibir entrenamiento terrorista. El sexto sospechoso, Saloum Joh, de 21 años y acusado de posesión de armas de fuego, permanecerá en prisión preventiva hasta el próximo 7 de diciembre.
Este martes, un juez británico dictó prisión preventiva hasta el próximo 10 de octubre para otros cuatro detenidos en la misma operación. Los diez acusados forman parte de los catorce detenidos el 1 de septiembre en Londres bajo la sospecha de que podían cometer, preparar o instigar actos terroristas. Los catorce, que tienen entre 17 y 48 años de edad y, al parecer, son en su mayoría británicos de origen paquistaní, fueron detenidos tras varios meses de vigilancia de la brigada antiterrorista de Scotland Yard y el servicio de espionaje interior MI5.
Dos de ellos han sido liberados sin cargos, mientras que la Policía prosigue el interrogatorio de otros dos, entre ellos Abu Abdullah, ex portavoz del clérigo radical Abu Hamza, actualmente en prisión en el Reino Unido por incitación al asesinato y al odio racial. Según la nueva ley antiterrorista británica, en vigor desde este año, las fuerzas del orden disponen de un plazo máximo de 28 días, desde el momento de la detención, para interrogar a los sospechosos. Sin embargo, la Policía no puede agotar la totalidad de esas cuatro semanas sin requerir cada cierto tiempo un permiso judicial. Al término de ese periodo, las fuerzas de seguridad deben presentar una acusación formal o poner en libertad a los arrestados.
En el marco de la investigación, los agentes efectuaron registros en viviendas y establecimientos de Londres, entre ellos un restaurante chino, donde se practicaron la mayoría de las detenciones, y una escuela islámica en el condado de East Sussex (sur de Inglaterra). Las fuerzas del orden subrayaron que las redadas no están relacionadas con el supuesto complot para derribar aviones en ruta entre el Reino Unido y EEUU ni con los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, que causaron 56 muertos (incluidos los cuatro terroristas suicidas) y más 700 heridos.
El juez también dictó prisión preventiva hasta el mismo día para Muhammad Al-Figari, de 42 años, Kadar Ahmed, de 19, y un adolescente de 17 años que no puede ser identificado por razones legales, acusados todos ellos de recibir entrenamiento terrorista. El sexto sospechoso, Saloum Joh, de 21 años y acusado de posesión de armas de fuego, permanecerá en prisión preventiva hasta el próximo 7 de diciembre.
Este martes, un juez británico dictó prisión preventiva hasta el próximo 10 de octubre para otros cuatro detenidos en la misma operación. Los diez acusados forman parte de los catorce detenidos el 1 de septiembre en Londres bajo la sospecha de que podían cometer, preparar o instigar actos terroristas. Los catorce, que tienen entre 17 y 48 años de edad y, al parecer, son en su mayoría británicos de origen paquistaní, fueron detenidos tras varios meses de vigilancia de la brigada antiterrorista de Scotland Yard y el servicio de espionaje interior MI5.
Dos de ellos han sido liberados sin cargos, mientras que la Policía prosigue el interrogatorio de otros dos, entre ellos Abu Abdullah, ex portavoz del clérigo radical Abu Hamza, actualmente en prisión en el Reino Unido por incitación al asesinato y al odio racial. Según la nueva ley antiterrorista británica, en vigor desde este año, las fuerzas del orden disponen de un plazo máximo de 28 días, desde el momento de la detención, para interrogar a los sospechosos. Sin embargo, la Policía no puede agotar la totalidad de esas cuatro semanas sin requerir cada cierto tiempo un permiso judicial. Al término de ese periodo, las fuerzas de seguridad deben presentar una acusación formal o poner en libertad a los arrestados.
En el marco de la investigación, los agentes efectuaron registros en viviendas y establecimientos de Londres, entre ellos un restaurante chino, donde se practicaron la mayoría de las detenciones, y una escuela islámica en el condado de East Sussex (sur de Inglaterra). Las fuerzas del orden subrayaron que las redadas no están relacionadas con el supuesto complot para derribar aviones en ruta entre el Reino Unido y EEUU ni con los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, que causaron 56 muertos (incluidos los cuatro terroristas suicidas) y más 700 heridos.