L D (EFE) El capitán del Ejército retirado Luis Felipe Mejía, representante del FCB, interpuso el recurso, que alega que "estas firmas fueron recogidas antes de cumplirse la mitad del período presidencial". El Consejo Nacional Electoral (CNE) "deberá pronunciarse sobre este recurso en veinte días, así como también deberá decidir si las firmas recogidas el pasado 2 de febrero son válidas o no", declaró Mejía a los periodistas.
El presidente y sus seguidores dicen que, además de haber sido recogidas extemporáneamente -antes de que Chávez cumpliera el martes la mitad de su mandato-, las firmas no tienen validez. Según denuncian, estas firmas se recogieron, en buena parte, a partir de bases de datos de bancos privados y empresas de telefonía móvil, sin el consentimiento ni conocimiento de sus titulares.
El miércoles de la semana pasada, el máximo tribunal del país alertó que la ley electoral establece que las firmas para solicitar un referendo deben ser presentadas una vez cumplida la mitad del mandato del funcionario cuestionado. Agregó que será la autoridad electoral la que resuelva si estas firmas pueden o no ser recogidas antes de esa fecha.
Chávez dijo este jueves que la presentación de las firmas después de pasar a la segunda mitad de su mandato es el único requisito legal cumplido por sus detractores. El mandatario también opinó que en un referendo en su contra únicamente podrán sufragar quienes lo hicieron en las elecciones de 2000 y no quienes se inscribieron con posterioridad. El directorio de la autoridad electoral aún no ha sido elegido por el Congreso de forma definitiva, ni por el Poder Judicial de manera transitoria, lo que constituye otro de los escollos en el anhelo de la oposición de adelantar electoralmente el fin del Gobierno.
De cumplirse todos los requisitos para la celebración del referendo, la oposición necesita aún que acudan a las urnas al menos un 25 por ciento del electorado y que el escrutinio arroje un rechazo al gobernante igual o mayor al 59 por ciento que selló su triunfo presidencial en 2000.
El presidente y sus seguidores dicen que, además de haber sido recogidas extemporáneamente -antes de que Chávez cumpliera el martes la mitad de su mandato-, las firmas no tienen validez. Según denuncian, estas firmas se recogieron, en buena parte, a partir de bases de datos de bancos privados y empresas de telefonía móvil, sin el consentimiento ni conocimiento de sus titulares.
El miércoles de la semana pasada, el máximo tribunal del país alertó que la ley electoral establece que las firmas para solicitar un referendo deben ser presentadas una vez cumplida la mitad del mandato del funcionario cuestionado. Agregó que será la autoridad electoral la que resuelva si estas firmas pueden o no ser recogidas antes de esa fecha.
Chávez dijo este jueves que la presentación de las firmas después de pasar a la segunda mitad de su mandato es el único requisito legal cumplido por sus detractores. El mandatario también opinó que en un referendo en su contra únicamente podrán sufragar quienes lo hicieron en las elecciones de 2000 y no quienes se inscribieron con posterioridad. El directorio de la autoridad electoral aún no ha sido elegido por el Congreso de forma definitiva, ni por el Poder Judicial de manera transitoria, lo que constituye otro de los escollos en el anhelo de la oposición de adelantar electoralmente el fin del Gobierno.
De cumplirse todos los requisitos para la celebración del referendo, la oposición necesita aún que acudan a las urnas al menos un 25 por ciento del electorado y que el escrutinio arroje un rechazo al gobernante igual o mayor al 59 por ciento que selló su triunfo presidencial en 2000.