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Los periodistas acusan a Chávez de intentar "asfixiar a los medios independientes"

Asociaciones de periodistas de Venezuela convocaron una marcha para el próximo sábado contra la ley que faculta al Gobierno a suspender transmisiones televisivas sin que medie sentencia judicial firme, que se interpreta como un aval a la censura previa.

L D (EFE) La marcha, en Caracas, se efectuará el Día del Periodista y también rechazará la "estrategia del Gobierno" del presidente Hugo Chávez de "asfixiar a medios independientes", dijo William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

Ese colegio profesional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) llamaron a ciudadanos y organizaciones políticas a participar, para no limitar la marcha a "una manifestación de periodistas para periodistas", agregó.

El presidente del CNP, quien dirige un programa de entrevistas en la emisora privada caraqueña Globovisión, dijo que la estrategia oficial se concreta "con procedimientos legales y usando la pauta publicitaria como recompensa o castigo, lo que desencadena la autocensura".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó el martes pasado un recurso de nulidad presentado por Globovisión y otras emisoras privadas de televisión contra la Ley de Telecomunicaciones.

"El Ejecutivo podrá, cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad, suspender la transmisión" de emisoras de televisión, dice un artículo de dicha ley que los canales pidieron que fuese anulado, lo que fue desestimado. La actuación del TSJ supone el "aval jurídico" de la censura previa, argumentan las emisoras.

Además, la consultora jurídica de Globovisión, Ana Núñez, dijo que con la sentencia el TSJ "convalida la actuación de Conatel (el Consejo Nacional de Telecomunicaciones), permitiendo que Globovisión sea juzgada penalmente, lo que a su vez llevaría a la revocación de la concesión" de la frecuencia que utiliza.

La sentencia aclara que las personas jurídicas, y no solamente las naturales, tienen responsabilidad penal, con lo cual, añadió Núñez, "se viene a cerrar el círculo que se requería para que proceda el exhorto del presidente Chávez para cerrar a Globovisión".

Núñez también destacó que la sentencia aprobada por una mayoría de los jueces del TSJ registró el voto negativo de Pedro Rondón, juez que alegó que el Ejecutivo debería esperar "una sentencia definitivamente firme", además apelable, antes de proceder a la suspensión de cualquier transmisión televisiva.

Los directivos de Globovisión sostienen que esta cadena privada de señal abierta es "víctima de terrorismo tributario y judicial" debido a su línea crítica hacia el Gobierno, que a su vez la acusa de "terrorismo mediático".

El último de los cuatro expedientes abiertos en los últimos seis meses contra Globovisión se basa en el artículo 171 de la Ley de Telecomunicaciones, que dice que, aparte de multas, la emisora "que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones como medio para coadyuvar a la comisión de delitos será sancionada con la revocatoria" del permiso.

Conatel recordó, entre otros hechos que considera delitos penales, que el periodista Rafael Poleo, director del diario caraqueño opositor El Nuevo País, dijo en una entrevista en Globovisión el año pasado que auguraba a Chávez la misma muerte del dictador italiano Benito Mussolini.

El pasado 27 de mayo, grupos opositores marcharon en Caracas en "defensa de la libertad de expresión" y para exigir el regreso de la cadena privada RCTV a la señal abierta de televisión y el cese de los procedimientos contra Globovisión.

El segundo aniversario del cese de las emisiones en abierto de Radio Caracas Televisión (RCTV) se cumplió en medio de insistentes denuncias oficialistas sobre el carácter "terrorista" de Globovisión y las acusaciones de la oposición de que el Gobierno intenta "acallar a los medios independientes".

Después de 53 años de operar en abierto, RCTV cesó emisiones el 27 de mayo de 2007, cuando venció la autorización, que el Gobierno no le renovó tras acusarla de "golpista".

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