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Ordenan detener al ex presidente de Guatemala por el asesinato de siete ciudadanos españoles

Los jueces de la Audiencia Nacional de España han cursado una orden internacional de detención contra el ex presidente de Guatemala, Fernando Romeo Lucas García, que gobernó el país centroamericano entre 1978 y 1982. Al ex mandatario se le acusa del asesinato de sete ciudadanos españoles. Según varias fuentes oficiales, "se ha podido comprobar razonablemente" que Lucas García estaría residiendo en Venezuela.

LD (EFE) El juez Fernando Grande-Marlaska, miembro de la Audiencia Nacional española, ha confirmado que en una resolución se ha ordenado cursar una orden internacional de detención contra Fernando Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, por su presunta responsabilidad en el asesinato de siete ciudadanos españoles.
 
En concreto, al ex mandatario, para el que ha decretado la prisión incondicional, un delito de torturas, siete delitos de asesinato y un delito de asesinato en grado de tentativa, que también podían ser calificados de asesinatos terroristas. Los hechos delictivos tienen que ver con el asesinato de tres españoles durante el asalto a la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 -Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sanz Martínez y María Teresa Vázquez- y al intento de asesinato del entonces embajador Máximo Cajal, quien resultó gravemente herido.
 
El magistrado señala en la resolución que "se ha podido comprobar razonablemente" que Romeo Lucas "pudiera residir actualmente en territorio de Venezuela", por lo que se dirige a Interpol y a las autoridades de Caracas para que detengan al ex presidente a efectos de su posterior extradición.
 
El juez subraya en el auto que "en las escasas horas que duró el incidente no se atendió ninguna de las llamadas efectuadas" por Cajal, "entre ellas al ministro de la Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz", contra el que Grande-Marlaska ya cursó en diciembre una orden internacional de detención por estos hechos. Además, se le cree responsable de los asesinatos de los sacerdotes José María Gran Ciera, en junio de 1980, de Faustino Villanueva y Juan Alonzo Fernández, en julio de 1980 y febrero de 1981, respectivamente.
 
Finalmente se le imputa la muerte de Carlos Pérez Alonzo, secuestrado por militares el dos de agosto de 1981 "sin que al día de la fecha se tenga conocimiento sobre su estado, debiéndose inferir razonablemente cómo hubo de ser asesinado". Las muertes, considera el juez, responden a "una finalidad de castigo" por la colaboración de estas personas "con el conjunto de campesinos y el pueblo maya, tratando de generar miedo en terceros".

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