(Libertad Digital) Marco Leyva, miembro del Comité Ciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral (CCSPE), advirtió de que en los estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Veracruz y Guerrero presentan riesgos de conflicto que podrían obstaculizar el buen funcionamiento de las elecciones presidenciales. Según su tercer y último balance del seguimiento de las elecciones, que realizaron en los últimos meses, el grupo destaca que principalmente en la región sur-centro del país debe haber más atención y crear mecanismos que permitan prevenir y atender los conflictos electorales.
Para Rosa María Rubalcava, también del CCSPE, además de prevalecer en esas zonas una presión social por problemas ajenos a este proceso, se corre el riesgo de otro tipo de acciones que se deben tomar en cuenta para evitar, como la compra y coacción del voto. Según datos del Instituto Federal Electoral (IFE), árbitro máximo del proceso de los comicios, un total de 42 municipios agrupados en diecisiete distritos electorales son susceptibles de que haya en ellos compra y coacción del voto por el uso indebido de programas sociales.
La compra de votos y la coacción electoral en puntos del mapa nacional, principalmente en áreas que concentran pobreza extrema y en zonas rurales, se relaciona con situaciones de caciquismo, bajo nivel educativo y escasos recursos económicos. El informe del IFE (organismo ciudadano) señala que esa práctica fraudulenta se puede presentar en Hidalgo y Puebla (centro), Jalisco (occidente), Chiapas y Oaxaca (sur) y Veracruz y Yucatán (este).
Los electores reciben como contrapartida a la venta de su voto dinero, materiales o comida, o son amenazados con la suspensión de ayudas sociales federales, práctica esta que representantes políticos y electorales achacan a la actuación de algunas autoridades locales. En Hueytlalpan, por ejemplo, una aldea de la sierra poblana, de 2.600 habitantes, las acusaciones de los partidos políticos (presentes todos salvo Alternativa Democrática y Campesina) se dirigen hacia la fuerza gobernante del enclave, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Se ofrecen de doscientos a quinientos pesos (17 a 43 dólares) por el voto y se retira a los ciudadanos la credencial electoral hasta antes de votar, la gente se vende por una playera (camiseta)", dijo Guadalupe Luis, colaboradora de Nueva Alianza en la comunidad en relación a supuestos movimientos del PRI por la compra de votos.
Por su parte, el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) confía en que las elecciones serán una "fiesta para la democracia". Subrayó que es necesario "dar un margen de confianza a las autoridades electorales para que el próximo domingo los ciudadanos de México concurran pacífica y serenamente a las urnas y sea una fiesta democrática".