Poco después de que una indignada eurodiputada denunciase la huida de los europarlamentarios que fichan, cobran y se van sin acudir a los plenos –incluida la socialista Eider Gardiazábal Rubial-, ahora The Sunday Times da un paso más allá y ha descubierto en exclusiva la aceptación, por parte de éstos, de pagos ilegales a cambio de enmiendas en las leyes.
Uno de ellos, el rumano Adrian Severin, se ha justificado asegurando que "no he hecho nada que fuera, digamos, ilegal o que estuviera en contra de cualquier comportamiento normal de los que tenemos aquí". Severin obvia que la normativa interna del Europarlamento afirma que los eurodiputados, que pueden tener unos ingresos anuales de hasta 217.000 euros, "deberán abstenerse de aceptar cualquier regalo o beneficio por el desempeño de sus funciones".
El diario británico contactó con Severin para pedirle servicios de "consultoría" a la hora de modificar leyes a aprobar en el Parlamento, y le pagó 12.000 euros por ello -y 100.000 anuales-. No es el único: los otros dos lo justificaron asegurando que decidieron seguir adelante con las conversaciones para averiguar quién estaba detrás de la propuesta de soborno.
Los reporteros se hicieron pasar por miembros de diversos grupos de presión y negociaron importantes pagos con hasta tres eurodiputados, que aceptaron intentar diluir el contenido de la directiva comunitaria con la que se quiere dar una mayor protección a los ciudadanos afectados por eventuales colapsos bancarios.
Los tres eurodiputados son el mencionado ex ministro rumano de Exteriores Adrian Severin, el ex ministro austríaco del Interior Enrst Strasser y el ex ministro esloveno de Exteriores Zoran Thaler. El SundayTimes les filmó y grabó negociando los pagos a cambio de sus servicios políticos y publicó correos electrónicos que demuestran lo que esta publicación considera "uno de los mayores escándalos en los 53 años de existencia del Parlamento Europeo".
El periódico británico explica que contactó con varios miembros de la cámara de Estrasburgo y que Severin, Strasser y Thaler aceptaron la oferta de trabajar para el supuesto grupo de presión por 100.000 euros anuales en concepto de comisión de consultoría.
Las reuniones de los reporteros con los eurodiputados se grabaron con cámara oculta en bares, restaurantes y en las sedes que el Parlamento Europeo tiene en Bruselas y Estrasburgo.
Días después, Severin escribió un correo electrónico a sus interlocutores en el que manifestaba: "solo hacerles saber que la enmienda deseada ha sido puesta sobre la mesa a tiempo".
Severin envió posteriormente a los reporteros una factura por valor de 12.000 euros por "servicios de consultoría relativos a la codificación de la Directiva 94/19/EC, la Directiva 2009/14/EC y las enmiendas correspondientes".
Thaler también introdujo una enmienda y pidió a los supuestos "lobbystas" que le enviaran el dinero a través de una empresa con sede en Londres para que el pago no pudiera rastrearse.
Strasser, por su parte, admitió abiertamente en una de las conversaciones que trabaja en Estrasburgo como "lobbysta" y presumió de trabajar para al menos cinco empresas, cada una de las cuales le paga anualmente 100.000 euros por sus gestiones.
El ex ministro austríaco informó de que había entregado las enmiendas solicitadas a dos miembros clave de la comisión que revisaba las directivas sobre protección a los consumidores de banca y reclamaba por ello un primer pago de 25.000 euros.
Strasser y Thaler declararon por su parte que sabían desde hacía meses que el grupo de presión encarnado por los periodistas del Times era falso, pero que decidieron seguir adelante con las conversaciones para averiguar quién estaba detrás de la propuesta.