L D (EFE) En una entrevista con "Veja", el ex director de la Lotería en Río Grande do Sul, José Vicente Brizola, aseguró que fue presionado para recaudar dinero entre empresarios de los juegos de azar para financiar ilegalmente las campañas electorales del PT.
Esos recursos, según Brizola, habrían favorecido las campañas electorales de Tarso Genro a la gobernación de Río Grande do Sul y de los entonces diputados Paulo Paim y Emilia Fernandes al Senado. Paim es actualmente vicepresidente del Senado y Fernandes fue ministra de la Mujer en el gobierno de Lula hasta enero pasado.
Las declaraciones de Brizola, afiliado al PT e hijo del veterano dirigente socialdemócrata Leonel Brizola, han generado un nuevo y acalorado debate en el Congreso y obligaron a Lula a convocar a sus principales asesores para analizar la situación. El Gobierno está a la defensiva desde la semana pasada debido a que la oposición insiste en que el Parlamento cree una comisión especial para investigar denuncias de que la mafia de los juegos ilegales financió la campaña electoral de al menos un candidato del partido de Lula.
El escándalo ya le costó el cargo al subjefe de Asuntos Parlamentarios de la Presidencia, Waldomiro Diniz, quien, en una entrevista con "Epoca", confirmó que hace dos años recibió dinero de un "capo" de la lotería ilegal para la campaña del candidato del PT a la gobernación de Brasilia. Lula ordenó la destitución de Diniz y puso en marcha una investigación por parte del Ministerio de Justicia, pero eso no bastó para acallar las críticas de la oposición, que pide la destitución del ministro de la Casa Civil, José Dircéu, considerado "brazo derecho" de Lula y mentor de Diniz.
El Gobierno ha insistido en que esos hechos ocurrieron en 2002, antes de que Lula asumiera la presidencia –en enero de 2003– y que no hay denuncias contra la actual administración. Sin embargo, en otras declaraciones divulgadas también por "Epoca", Diniz confirma que el año pasado, cuando el PT ya estaba en el Gobierno, tuvo nuevos encuentros con el "capo" del juego ilegal y representantes de una empresa estadounidense que tiene un contrato de 130 millones de dólares para suministrar las máquinas de las loterías oficiales en Brasil. El ex funcionario ya había sido acusado de tráfico de influencias en favor de dicha empresa.