L D (EFE) "Es una muy buena e importante decisión", dijo el ex fiscal federal Julio Strassera, el acusador en el juicio oral y público contra las juntas militares que gobernaron a sangre y fuego Argentina entre 1976 y 1983. Consideró que la ratificación de ese tratado de las Naciones Unidas, que data de 1968, es "una nueva forma de presión" sobre la Corte Suprema de Justicia, que desde hace dos años tiene a estudio las apelaciones sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
"Verdad y justicia, no impunidad", dijo anoche el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, al informar en rueda de prensa de que por un decreto firmado por el presidente del país, Néstor Kirchner, se había ratificado la convención que declara imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad. El ministro sostuvo que esa medida gubernamental era un avance para que no queden impunes "hechos del pasado reciente" y, al respecto, mencionó las violaciones a los derechos humanos y los atentados terroristas contra "la comunidad judía".
El 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y un centenar de heridos. El 18 de julio de 1994, otro vehículo con explosivos redujo a escombros la sede de una mutualista judía, atentado que dejó 85 muertos y un centenar y medio de heridos. La ratificación de ese tratado internacional puede tornar en un debate menor la validez de las denominadas leyes de la impunidad, por las cuales fueron exculpados más de un millar y medio de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
El ex juez federal Juan Ramos Padilla, directivo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también elogió la decisión de Kirchner pero advirtió de que la ratificación de esa convención de las Naciones Unidas "no alcanza por sí sola". "Es necesario darle rango constitucional a la Convención y para ello el Gobierno tendría que convocar a una Asamblea Constituyente, único mecanismo que resolvería, de una vez por todas, la aberración jurídica de las leyes que consagraron la impunidad de genocidas y torturadores", indicó.
Argentina se adhirió a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad a mediados de la década de los años ochenta y en 1995 el Parlamento avaló por ley esa decisión, pero desde ese entonces faltaba la ratificación gubernamental para que entrara en vigor. La decisión del Gobierno de Kirchner se produjo cuando se ha citado para este martes a la Cámara de Diputados para debatir un proyecto del bloque de Izquierda Unida para anular las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, llamadas también de impunidad por los organismos de derechos humanos. En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a la Carta Magna todos los tratados internacionales sobre derechos políticos y civiles, pero el que declara imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos quedó aplazado.
Víctor Abramovich, directivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los organismos humanitarios del país, dijo que la ratificación de esa convención internacional "es muy importante porque reitera la voluntad del presidente (Kirchner) de invalidar las leyes" de Punto Final y de Obediencia Debida. "Son actos políticos que ratifican una línea muy fuerte del Ejecutivo y del Congreso en contra de la impunidad", agregó, tras lo cual sostuvo que la Corte Suprema "no puede dejar de considerar la voluntad política de los otros dos poderes" del Estado.
El tratado declara imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad "cualquiera sea la fecha" en que hayan sido perpetrados y obliga a los Estados firmantes a adoptar las medidas "necesarias para hacer posible las extradiciones de acuerdo" con lo previsto por el Derecho Internacional. El ministro Béliz dijo, al anunciar la decisión del presidente Kirchner, que el Gobierno enviará al Parlamento un proyecto para que por ley se ratifique ese tratado internacional.
El debate sobre las llamadas leyes de impunidad, promulgadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), se disparó por la orden de captura, con fines de extradición, del juez español Baltasar Garzón contra 46 argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas.
"Verdad y justicia, no impunidad", dijo anoche el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, al informar en rueda de prensa de que por un decreto firmado por el presidente del país, Néstor Kirchner, se había ratificado la convención que declara imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad. El ministro sostuvo que esa medida gubernamental era un avance para que no queden impunes "hechos del pasado reciente" y, al respecto, mencionó las violaciones a los derechos humanos y los atentados terroristas contra "la comunidad judía".
El 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y un centenar de heridos. El 18 de julio de 1994, otro vehículo con explosivos redujo a escombros la sede de una mutualista judía, atentado que dejó 85 muertos y un centenar y medio de heridos. La ratificación de ese tratado internacional puede tornar en un debate menor la validez de las denominadas leyes de la impunidad, por las cuales fueron exculpados más de un millar y medio de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
El ex juez federal Juan Ramos Padilla, directivo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también elogió la decisión de Kirchner pero advirtió de que la ratificación de esa convención de las Naciones Unidas "no alcanza por sí sola". "Es necesario darle rango constitucional a la Convención y para ello el Gobierno tendría que convocar a una Asamblea Constituyente, único mecanismo que resolvería, de una vez por todas, la aberración jurídica de las leyes que consagraron la impunidad de genocidas y torturadores", indicó.
Argentina se adhirió a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad a mediados de la década de los años ochenta y en 1995 el Parlamento avaló por ley esa decisión, pero desde ese entonces faltaba la ratificación gubernamental para que entrara en vigor. La decisión del Gobierno de Kirchner se produjo cuando se ha citado para este martes a la Cámara de Diputados para debatir un proyecto del bloque de Izquierda Unida para anular las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, llamadas también de impunidad por los organismos de derechos humanos. En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a la Carta Magna todos los tratados internacionales sobre derechos políticos y civiles, pero el que declara imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos quedó aplazado.
Víctor Abramovich, directivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los organismos humanitarios del país, dijo que la ratificación de esa convención internacional "es muy importante porque reitera la voluntad del presidente (Kirchner) de invalidar las leyes" de Punto Final y de Obediencia Debida. "Son actos políticos que ratifican una línea muy fuerte del Ejecutivo y del Congreso en contra de la impunidad", agregó, tras lo cual sostuvo que la Corte Suprema "no puede dejar de considerar la voluntad política de los otros dos poderes" del Estado.
El tratado declara imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad "cualquiera sea la fecha" en que hayan sido perpetrados y obliga a los Estados firmantes a adoptar las medidas "necesarias para hacer posible las extradiciones de acuerdo" con lo previsto por el Derecho Internacional. El ministro Béliz dijo, al anunciar la decisión del presidente Kirchner, que el Gobierno enviará al Parlamento un proyecto para que por ley se ratifique ese tratado internacional.
El debate sobre las llamadas leyes de impunidad, promulgadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), se disparó por la orden de captura, con fines de extradición, del juez español Baltasar Garzón contra 46 argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas.