L D (EFE) Desde su celda, en la base naval del puerto de Callao, Montesinos ha dicho que desde el pasado 24 de diciembre no puede recibir la visita de sus familiares y de sus abogados "de manera directa", según denuncia en un escrito suyo que publica la agencia Efe .
En una carta dirigida al Consejo Supremo de Justicia militar (CSJM) y fechada el 31 de diciembre pasado, Montesinos se queja de que sólo se puede comunicar por un intercomunicador que une a dos salas, donde reo y visitante no se pueden ver los rostros mientras conversan porque se interpone un vidrio oscuro.
Según la Convención de Derechos Humanos de San José y el Código Penal peruano, el ex asesor de Fujimori considera que el intercomunicador "está conectado con un dispositivo que escucha y graba las conversaciones privadas -lo que esta prohibido y es delito- hecho que limita, restringe y conculca el derecho a las comunicaciones", entre su defensa y sus familiares.
Desde el 28 de junio de 2001, el ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) se encuentra recluido en la base naval del Callao (oeste de Lima), en una celda de dos metros de largo por otros 2,80 de ancho, alumbrada sólo por luz artificial y a la que el aire entra sólo por un respiradero. Irónicamente él mismo se encargó de supervisar la construcción de ese presidio en 1992, con el objeto de encerrar allí a los jefes de las bandas terroristas peruanas, con los que comparte ahora la prisión.
Montesinos, de 58 años, denunció al contralmirante Alberto Lozada de la Marina de guerra y demás autoridades responsables de lo que considera su aislamiento por los delitos "de abuso de autoridad, desobediencia, arbitrariedad punible en el ejercicio de la función y contra el honor, decoro y deberes militares previstos en el Código de justicia militar".
El próximo 20 de enero comenzará el juicio oral contra Montesinos por venta de armas a la guerrilla de las FARC, uno de los procesos al que más teme el ex asesor presidencial y por el que podría ser sentenciado a una pena de 25 años, la mayor que ha afrontado hasta el día de hoy. El jefe de la red de corrupción más grande de la historia de Perú afirma que es un militar que se encuentra en situación de retiro, pero que mantiene su estatus de oficial del ejército, "toda vez que no existe sentencia judicial alguna que me haya retirado dicho grado militar que ostento en el escalafón militar para los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas".
Montesinos dice ser tratado de manera desigual respecto a los seis internos civiles de la Base Naval: los líderes de la banda terrorista "Sendero Luminoso", Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Oscar Ramírez, y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) Víctor Polay, Peter Cárdenas y Miguel Rincón. Fujimori ha amasado una fortuna personal de al menos 75 millones de dólares, aunque las autoridades peruanas han descubierto en el exterior cuentas bancarias de sus cómplices por unos 300 millones más.
Apodado "Doctor" y "Rasputín", aprovechó su posición para espiar y controlar a casi todas las personas importantes e influyentes del país y se encargó de grabar en vídeo esos actos que, finalmente, acabaron con su poder y con el gobierno de Fujimori, que optó por fugarse a Japón y renunciar a la presidencia mediante un fax en noviembre del año 2000.
En una carta dirigida al Consejo Supremo de Justicia militar (CSJM) y fechada el 31 de diciembre pasado, Montesinos se queja de que sólo se puede comunicar por un intercomunicador que une a dos salas, donde reo y visitante no se pueden ver los rostros mientras conversan porque se interpone un vidrio oscuro.
Según la Convención de Derechos Humanos de San José y el Código Penal peruano, el ex asesor de Fujimori considera que el intercomunicador "está conectado con un dispositivo que escucha y graba las conversaciones privadas -lo que esta prohibido y es delito- hecho que limita, restringe y conculca el derecho a las comunicaciones", entre su defensa y sus familiares.
Desde el 28 de junio de 2001, el ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) se encuentra recluido en la base naval del Callao (oeste de Lima), en una celda de dos metros de largo por otros 2,80 de ancho, alumbrada sólo por luz artificial y a la que el aire entra sólo por un respiradero. Irónicamente él mismo se encargó de supervisar la construcción de ese presidio en 1992, con el objeto de encerrar allí a los jefes de las bandas terroristas peruanas, con los que comparte ahora la prisión.
Montesinos, de 58 años, denunció al contralmirante Alberto Lozada de la Marina de guerra y demás autoridades responsables de lo que considera su aislamiento por los delitos "de abuso de autoridad, desobediencia, arbitrariedad punible en el ejercicio de la función y contra el honor, decoro y deberes militares previstos en el Código de justicia militar".
El próximo 20 de enero comenzará el juicio oral contra Montesinos por venta de armas a la guerrilla de las FARC, uno de los procesos al que más teme el ex asesor presidencial y por el que podría ser sentenciado a una pena de 25 años, la mayor que ha afrontado hasta el día de hoy. El jefe de la red de corrupción más grande de la historia de Perú afirma que es un militar que se encuentra en situación de retiro, pero que mantiene su estatus de oficial del ejército, "toda vez que no existe sentencia judicial alguna que me haya retirado dicho grado militar que ostento en el escalafón militar para los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas".
Montesinos dice ser tratado de manera desigual respecto a los seis internos civiles de la Base Naval: los líderes de la banda terrorista "Sendero Luminoso", Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Oscar Ramírez, y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) Víctor Polay, Peter Cárdenas y Miguel Rincón. Fujimori ha amasado una fortuna personal de al menos 75 millones de dólares, aunque las autoridades peruanas han descubierto en el exterior cuentas bancarias de sus cómplices por unos 300 millones más.
Apodado "Doctor" y "Rasputín", aprovechó su posición para espiar y controlar a casi todas las personas importantes e influyentes del país y se encargó de grabar en vídeo esos actos que, finalmente, acabaron con su poder y con el gobierno de Fujimori, que optó por fugarse a Japón y renunciar a la presidencia mediante un fax en noviembre del año 2000.