LD (EFE) Una nueva ola de protestas contra la nacionalización de la industria de gas natural y del petróleo amenaza con desestabilizar el Gobierno del presidente Carlos Mesa, un día antes de que venza el plazo para vetar o promulgar la polémica Ley de Hidrocarburos. El líder cocalero Evo Morales exige que el mandatario decida el alza de la regalía que pagan las petroleras del 18 al 50 por ciento.
Este martes permanecen en las calles de La Paz, cerca de las sedes gubernamentales, miles de manifestantes miembros de organizaciones campesinas y de izquierda que este lunes llegaron provenientes del altiplano andino. Varias de las principales carreteras del país se encuentran bloqueadas por mineros. En tanto, en la ciudad de El Alto ha sido en los últimos años el epicentro de radicales movilizaciones, entre ellas la que derrocó en octubre del 2003 al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Las protestas fueron multitudinarias y en ellas sufrió agresiones el diputado Alejandro Zapata, al ser echado a golpes de una marcha a la que pretendía sumarse, aunque luego inició una huelga de hambre en el Congreso para secundar las reclamaciones de los manifestantes. Las oficinas del Parlamento fueron evacuadas por la Policía ante el riesgo de que grupos de campesinos y maestros entren por la fuerza en la plaza Murillo, donde se hallan las sedes del Palacio de Gobierno y del Congreso.
El acceso al lugar fue cortado por un gran contingente policial, ante la amenaza realizada de los manifestantes alteños de "cerrar el Parlamento". El intento de los grupos más radicales fue rechazado con una profusión de gases lacrimógenos y carros de agua antidisturbios, con un saldo de un detenido por tenencia de explosivos y algunos heridos leves.
El presidente Mesa se reunió con sus ministros para analizar la nueva situación que atraviesa su país y la respuesta que debe dar al Congreso este martes cuando vence el término constitucional para que vete o promulgue la Ley de Hidrocarburos. En ese sentido, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Carlos Agreda, declaró a las puertas del Congreso que Mesa hará uso del plazo que tiene para evaluar las opciones que le da la Constitución.