LD (Agencias) La nueva legislación agrava las penas para los delitos de terrorismo, permite los registros con mandato judicial a cualquier hora del día y de la noche, así como las escuchas telefónicas, y amplía el período de arresto a 96 horas prorrogables. La votación se produjo tras un debate sobre los últimos atentados de Casablanca que concluyó con una declaración institucional de esa cámara que denuncia el terrorismo y afirma la voluntad de los diputados de proseguir con la construcción de la democracia.
La nueva ley considera como terrorismo "todo acto individual y colectivo que atente contra el orden público a través del terror o la violencia" y todos los crímenes y agresiones contra la vida de las personas, su seguridad, su libertad, así como el secuestro o la falsificación de documentos. Según la ley, "se considera como terrorismo todo sabotaje o secuestro de medios públicos de transporte, sabotaje de medios de comunicación, robo de dinero, fabricación o posesión de armas de manera ilegal, falsificación de cheques y formación de banda criminal". Esos actos serán castigados con penas que pueden llegar hasta la condena a muerte. Además, toda complicidad puede ser castigada con sentencias de 10 a 20 años de prisión.
El proyecto fija el período de detención preventiva en 96 horas (cuatro días), que pueden ser prorrogadas dos veces bajo el control del tribunal, y el acusado puede ser privado de cualquier contacto con su abogado durante seis días. Las fuerzas de seguridad pueden detener o entrar en los domicilios de los sospechosos a cualquier hora, incluso durante la noche, con la correspondiente autorización judicial. Asimismo, la propaganda a favor del terrorismo también está castigada con penas que pueden llegar a seis años de cárcel, según el proyecto.
La nueva ley considera como terrorismo "todo acto individual y colectivo que atente contra el orden público a través del terror o la violencia" y todos los crímenes y agresiones contra la vida de las personas, su seguridad, su libertad, así como el secuestro o la falsificación de documentos. Según la ley, "se considera como terrorismo todo sabotaje o secuestro de medios públicos de transporte, sabotaje de medios de comunicación, robo de dinero, fabricación o posesión de armas de manera ilegal, falsificación de cheques y formación de banda criminal". Esos actos serán castigados con penas que pueden llegar hasta la condena a muerte. Además, toda complicidad puede ser castigada con sentencias de 10 a 20 años de prisión.
El proyecto fija el período de detención preventiva en 96 horas (cuatro días), que pueden ser prorrogadas dos veces bajo el control del tribunal, y el acusado puede ser privado de cualquier contacto con su abogado durante seis días. Las fuerzas de seguridad pueden detener o entrar en los domicilios de los sospechosos a cualquier hora, incluso durante la noche, con la correspondiente autorización judicial. Asimismo, la propaganda a favor del terrorismo también está castigada con penas que pueden llegar a seis años de cárcel, según el proyecto.