Los opositores estudian demandar a Chávez ante el TPI tras la recomendación de la Audiencia Nacional

LD (Agencias) En declaraciones a medios de comunicación locales, fuentes de la Coordinadora Democrática ha dicho brevemente que es un avance que la Audiencia Nacional española recomiende que la querella presentada contra el presidente Hugo Chávez y 25 de sus colaboradores más cercanos por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, sea promovida ante el Tribunal penal Internacional. También han mostrado su satisfacción porque la Audiencia se haya fijado un plazo de dos meses para establecer definitivamente si es competente o no para abrir una investigación contra el mandatario y funcionarios.

Durante la vista del recurso de apelación contra el archivo de la querella decretado el pasado mes de marzo por el juez Fernando Andreu, confirmado por el magistrado el tres de julio, el fiscal Pedro Rubira insistió en que la falta de competencia de los tribunales españoles para actuar en este caso toda vez que la ley establece la inmunidad de los jefes de Estado extranjeros en activo. Añadió, además, que los hechos relatados en la querella, entre los que se incluye la muerte del ciudadano español José Antonio Gamallo a consecuencia de las heridas sufridas el 11 de abril del 2002 en una manifestación contra Chávez, han sido denunciados ante los tribunales venezolanos, lo que impide la actuación de la Justicia española.

Por su parte, el representante de los querellantes, el abogado Luis García Perulles, solicitó a la Audiencia Nacional que revoque el archivo y se declare competente para investigar los hechos en atención a la existencia de víctimas españolas y a la necesidad de defender los intereses del millón y medio de ciudadanos de esta nacionalidad residentes en Venezuela. El letrado se refirió además al hecho de que la Constitución Bolivariana por la que se rige Venezuela declara expresamente la responsabilidad del Jefe del Estado, que carece por tanto de inmunidad, y establece que las violaciones de los derechos humanos serán enjuiciadas por los tribunales ordinarios. El letrado aseguró que sólo se plantea una denuncia ante la Corte Penal Internacional como una "posibilidad subsidiaria" porque este órgano está en fase de creación.