L D (EFE) Tras conocerse los resultados, Prodi dijo, en una rueda de prensa, que: "ahora es nuestro deber abrir el diálogo con todas las fuerzas políticas". Para el primer ministro, las reformas de la Constitución tienen que hacerse "con el acuerdo más amplio posible y no a golpes de mayoría".
La rechazada reforma de la Constitución tenía elementos de corte federalista, que preveían dar a las regiones potestad legislativa en lo relativo a la sanidad, educación y seguridad social, cambios fuertemente defendidos por la Liga Norte. El líder de esta formación, Umberto Bossi, indicó, al comentar la victoria del "no", que, "en cualquier caso, se sigue adelante" y señaló que "ha votado 'sí' la parte más avanzada del país".
La reforma preveía el cambio de más de 50 puntos de la Constitución italiana de 1948, que además del traspaso de competencias a las regiones en ciertas políticas, contemplaba una reducción, desde 2016, del número de diputados y senadores. Además, incluía cambios a partir de la próxima legislatura (en 2011) para que el primer ministro tuviera potestad para nombrar y revocar ministros (ahora necesita el visto bueno del presidente de la República) y para disolver las Cámaras.
También habría afectado la reforma al Tribunal Constitucional, ya que el Senado federal tendría potestad para elegir a cuatro de sus quince miembros y la Cámara de Diputados a tres, frente a los cinco que eligen actualmente entre los dos.
La rechazada reforma de la Constitución tenía elementos de corte federalista, que preveían dar a las regiones potestad legislativa en lo relativo a la sanidad, educación y seguridad social, cambios fuertemente defendidos por la Liga Norte. El líder de esta formación, Umberto Bossi, indicó, al comentar la victoria del "no", que, "en cualquier caso, se sigue adelante" y señaló que "ha votado 'sí' la parte más avanzada del país".
La reforma preveía el cambio de más de 50 puntos de la Constitución italiana de 1948, que además del traspaso de competencias a las regiones en ciertas políticas, contemplaba una reducción, desde 2016, del número de diputados y senadores. Además, incluía cambios a partir de la próxima legislatura (en 2011) para que el primer ministro tuviera potestad para nombrar y revocar ministros (ahora necesita el visto bueno del presidente de la República) y para disolver las Cámaras.
También habría afectado la reforma al Tribunal Constitucional, ya que el Senado federal tendría potestad para elegir a cuatro de sus quince miembros y la Cámara de Diputados a tres, frente a los cinco que eligen actualmente entre los dos.