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Los huelguistas ecuatorianos exigen levantar el estado de emergencia en las provincias de Orellana y Sucumbíos

Una delegación de huelguistas de las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos ha reclamado al ministro de Gobierno (Interior) de Ecuador, Mauricio Gándara, el levantamiento del estado de emergencia en la región a cambio se seguir con las negociaciones. Los dirigentes afirman que cientos de militares trataron de desalojar por la fuerza a los campesinos inconformes que ocupan los pozos petroleros de la zona.

LD (EFE) Máximo Abad, alcalde de Nueva Loja, capital de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, ha informa de que una delegación de huelguistas reclamó al ministro de Gobierno de Ecuador, Mauricio Gándara, el levantamiento del estado de emergencia en la región a cambio de seguir con las negociaciones.
 
La delegación pidió a Gándara "el cese de la represión, el levantamiento del estado de emergencia y la liberación de los detenidos -cerca de una treintena- para volver a negociar", dijo Abad que agregó que  si no se aceptan esas condiciones, "es posible que nos retiremos pues, sin garantías, no se puede negociar".
 
El Gobierno de Quito y las multinacionales petroleras que actúan en la Amazonía ecuatoriana iniciaron las negociaciones con las autoridades de Orellana y Sucumbíos sobre la posible aportación de recursos para el desarrollo de esa región, una de las más deprimidas del país. Las conversaciones fueron interrumpidas poco después de su inicio cuando se informó de nuevos enfrentamientos en la parroquia amazónica de Dayuma (Orellana), donde los militares trataron de desalojar a los huelguistas que ocupan pozos petroleros y emprendieron una "dura represión", según dirigentes del paro.
 
Las reuniones en Quito ya han llegado a un punto crítico, al considerar los huelguistas que las empresas petroleras privadas no atienden sus reclamos de más inversiones en obras de infraestructura en la zona, lo cual es negado por las compañías que extraen crudo en la Amazonía.
 
La huelga paralizó la zona petrolera desde el domingo catorce de agosto, lo que obligó a las autoridades a suspender las exportaciones de hidrocarburos. La suspensión de las exportaciones petroleras, según el Gobierno, supondrá unas pérdidas fiscales de unos quinientos millones de dólares en los próximos tres meses, un duro golpe para las arcas del Estado, cuyo presupuesto se financia en más de un 35 por ciento con las ventas de hidrocarburos.

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