LD (EFE) El magistrado Felipe Terán, quien ordenó el levantamiento de los restos humanos encontrados en un sitio conocido como Pozo de Vargas, a las afueras de Tucumán, explicó que diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos habían identificado el lugar como uno de los muchos donde fueron enterradas las víctimas del régimen militar.
De verificarse los últimos análisis forenses, los restos corresponderían a más tres personas que desaparecieron cuando la provincia de Tucumán estuvo gobernada por el general Antonio Bussi, uno de los jefes de la dictadura requeridos por el juez español Baltasar Garzón por su responsabilidad en crímenes contra la humanidad.
Bussi, de 78 años de edad, se encuentra procesado y bajo arresto preventivo, que cumple en el domicilio de una de sus hijas en la localidad de Pilar, a las afueras de Buenos Aires, y afronta varias causas penales por violaciones a los derechos humanos.