L D (Agencias) Cubillas, quien en los años ochenta perteneció a la banda terrorista ETA, trabaja desde octubre de 2005 para la administración del régimen de Chávez como director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) de Venezuela.
El terrorista, deportado de Argelia a Venezuela en 1989, adquirió la nacionalidad venezolana tras casarse con la periodista venezolana de origen vasco Goizeder Odrizola, quien desde el pasado 5 de septiembre también ocupa un puesto en la administración del régimen como directora general del Despacho de la Presidencia de la República. Antes fue responsable de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras.
En una multitudinaria rueda de prensa celebrada en Caracas, Rosales lamentó que el Gobierno actual de Venezuela mantenga vínculos "con grupos terroristas reconocidos a nivel internacional" y solicitó a Chávez que "saque de sus funciones" al etarra Cubillas ya que, a su entender, "no es posible que un terrorista esté en el Gobierno" de "un país de paz" como Venezuela.
En esta línea, el candidato opositor pidió también al presidente venezolano que "deje de complicarle la vida al país" con iniciativas como esta, que según Rosales demuestran la cercanía del régimen de Chávez a cualquier forma de terrorismo internacional. El líder socialdemócrata ironizó sobre esta cuestión apuntando que lo único que le falta al Ejecutivo venezolano "es hacer una invitación especial a Ben Laden a Venezuela y entregarle la Orden del Libertador por haber tirado las torres del imperio".
La Policía española atribuye a Cubillas haber formado parte del grupo Oker, del que también eran miembros Idoia López Riaño y José Ángel Aguirre Aguirre. El grupo se constituyó en 1984 y estuvo activo durante un año y medio hasta que la Policía capturó en octubre de 1985 a José Ángel Aguirre. A su vez, al grupo Oker se le atribuyen el asesinato del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún, así como el de Ángel Facal Soto, perpetrado el 26 de febrero de 1985 en Pasajes, y el del policía nacional Máximo García Kleinte, acaecido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.
Cuando la semana pasada transcendía la noticia, el ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunciaba que el Gobierno español "hará toda clase de averiguaciones" sobre las causas pendientes con la Justicia española que pueda tener el etarra. Sin embargo poco después el embajador de España en Venezuela confirmaba que había comunicado la situación de Cubillas al Gobierno semanas atrás y que ni siquiera había recibido instrucciones al respecto.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está revisando los procedimientos que pueda haber abiertos en la citada sede judicial contra Arturo Cubillas, según precisaron a Europa Press fuentes fiscales que señalaron que de momento no consta que se haya pedido su extradición a Venezuela por su vinculación con ETA.