L D (EFE) La financiación con dinero de las empresas públicas "supone una infracción a las leyes electorales", declaró el senador José Agripino, del derechista Partido del Frente Liberal (PFL), quien dijo que junto con el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) pedirá que la justicia suspenda toda financiación pública al PT.
Soares y Fernandes, ejes de uno de los escándalos de corrupción que sacuden a Brasil, admitieron en sendas declaraciones que unos contratos obtenidos por las empresas del publicista con la empresa estatal de Correos fueron usados como garantías para créditos que el PT obtuvo en la banca privada. El senador Arthur Virgilio do Carmo, del PSDB, consideró esas declaraciones como una confesión de que el partido en el gobierno se valió de recursos públicos para financiar sus actividades políticas.
Según cálculos del Tribunal Superior Electoral, el PT debería recibir este año unos 35 millones de reales (14,5 millones de dólares) de fondos públicos previstos para los partidos políticos. El senador socialdemócrata Alvaro Dias precisó que, desde el punto de vista legal, las declaraciones de Soares y Fernandes pueden ser la prueba de graves delitos electorales, que acarrean penas de hasta cinco años de prisión. Dias agregó que, en caso de comprobarse esos delitos, la justicia podría llegar al extremo de suspender el registro del propio PT.
Soares, que renunció a la tesorería del PT acosado por denuncias, y Fernandes son sospechosos además de integrar una supuesta red que habría sobornado legisladores entre 2003 y 2004, los dos primeros años del mandato de Lula, con el objeto de garantizar la mayoría parlamentaria que los votos no le dieron al gobierno. Las denuncias provocaron la renovación total de la cúpula del PT y la nueva directiva ha admitido que en las cuentas del partido hay serios indicios de irregularidades.
El propio Lula ha reconocido la posibilidad de que su partido haya incurrido en "errores" y asegurado que, de comprobarse algún ilícito, los culpables serán castigados con todo el rigor previsto por las leyes. Soares y el ex secretario general del PT Silvio Pereira han sido citados para declarar esta semana ante una comisión parlamentaria que investiga las irregularidades, que también tiene previsto oír nuevamente a Fernandes. Como hizo el publicista hace dos semanas, cuando declaró por primera vez ante el Congreso, Soares y Pereira han pedido al Supremo Tribunal un "hábeas corpus preventivo", recurso que impedirá, de ser aprobado, que sean detenidos en cuanto terminen de declarar en el Parlamento.
Soares y Fernandes, ejes de uno de los escándalos de corrupción que sacuden a Brasil, admitieron en sendas declaraciones que unos contratos obtenidos por las empresas del publicista con la empresa estatal de Correos fueron usados como garantías para créditos que el PT obtuvo en la banca privada. El senador Arthur Virgilio do Carmo, del PSDB, consideró esas declaraciones como una confesión de que el partido en el gobierno se valió de recursos públicos para financiar sus actividades políticas.
Según cálculos del Tribunal Superior Electoral, el PT debería recibir este año unos 35 millones de reales (14,5 millones de dólares) de fondos públicos previstos para los partidos políticos. El senador socialdemócrata Alvaro Dias precisó que, desde el punto de vista legal, las declaraciones de Soares y Fernandes pueden ser la prueba de graves delitos electorales, que acarrean penas de hasta cinco años de prisión. Dias agregó que, en caso de comprobarse esos delitos, la justicia podría llegar al extremo de suspender el registro del propio PT.
Soares, que renunció a la tesorería del PT acosado por denuncias, y Fernandes son sospechosos además de integrar una supuesta red que habría sobornado legisladores entre 2003 y 2004, los dos primeros años del mandato de Lula, con el objeto de garantizar la mayoría parlamentaria que los votos no le dieron al gobierno. Las denuncias provocaron la renovación total de la cúpula del PT y la nueva directiva ha admitido que en las cuentas del partido hay serios indicios de irregularidades.
El propio Lula ha reconocido la posibilidad de que su partido haya incurrido en "errores" y asegurado que, de comprobarse algún ilícito, los culpables serán castigados con todo el rigor previsto por las leyes. Soares y el ex secretario general del PT Silvio Pereira han sido citados para declarar esta semana ante una comisión parlamentaria que investiga las irregularidades, que también tiene previsto oír nuevamente a Fernandes. Como hizo el publicista hace dos semanas, cuando declaró por primera vez ante el Congreso, Soares y Pereira han pedido al Supremo Tribunal un "hábeas corpus preventivo", recurso que impedirá, de ser aprobado, que sean detenidos en cuanto terminen de declarar en el Parlamento.