L D (EFE) "No voy a renunciar, no puedo renunciar; significaría el fin de la democracia en Bolivia y probablemente la desintegración del país", ha dicho Sánchez de Lozada a varias emisoras de radio latinoamericanas para, después, acusar a Evo Morales y Felipe Quispe, líderes de los cocaleros y de los sindicatos indígenas del altiplano que han liderado las protestas, de buscar el "derrumbe del sistema democrático" y la formación de una "república narcosindical". Los opositores consideran "tardía" e "insuficiente" la oferta realizada el miércoles por el mandatario de convocar un referéndum para decidir sobre la exportación de gas natural, revisar la Ley de Hidrocarburos e incorporar la Asamblea Constituyente al régimen constitucional.
Miles de personas se han vuelto a manifestar en las principales ciudades de Bolivia reclamando la dimisión del presidente y han bloqueado varias vías estratégicas del país, el más pobre de Sudamérica. Han invadido el centro de La Paz, la capital, donde los manifestantes han portado banderas con un crespón negro en homenaje a los fallecidos -al menos 76, según cifras extraoficiales- en los enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las últimas semanas. El vicepresidente boliviano, Carlos Mesa, que el lunes retiró su apoyo a Sánchez de Lozada, rechaza ser utilizado por los grupos de oposición, que le instan a que ocupe la Jefatura del Estado. Y aunque dice que en las actuales circunstancias es "imposible" que vuelva al gobierno, defiende una "salida razonable" al conflicto para salvar a la nación.
El alcalde de La Paz, Juan del Granado, también ha pedido la renuncia de Sánchez de Lozada, alegando que "él (el presidente) debería dar lugar a la sucesión constitucional, esto va más allá de una posición política, de una posición partidaria específica, porque necesitamos organizar un gobierno de transición de pacificación". Por su parte, el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, dice que "el referéndum ya no lo necesitamos, el pueblo lo está dando todos los días, con su movilización", y pide que Sánchez de Lozada dimita. También el líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, cree que el manifiesto de la coalición de gobierno sólo busca "burlarse" de la población. Otro de los líderes de la movilización y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, rechaza las propuestas gubernamentales por tratarse de un "engaño" a la gente y porque "ya nadie tiene confianza en el presidente".
Las organizaciones obreras, campesinas y sociales, junto al MAS, coinciden en culpar al presidente del agravamiento de la crisis económica y política del país, que se inició en 1999, y de haber aumentado el nivel de pobreza de gran parte de la población. Las protestas piden la retirada total del plan de venta de gas natural y también la salida de Bolivia de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), así como el cambio del modelo económico neoliberal vigente en Bolivia desde 1985.
Miles de personas se han vuelto a manifestar en las principales ciudades de Bolivia reclamando la dimisión del presidente y han bloqueado varias vías estratégicas del país, el más pobre de Sudamérica. Han invadido el centro de La Paz, la capital, donde los manifestantes han portado banderas con un crespón negro en homenaje a los fallecidos -al menos 76, según cifras extraoficiales- en los enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las últimas semanas. El vicepresidente boliviano, Carlos Mesa, que el lunes retiró su apoyo a Sánchez de Lozada, rechaza ser utilizado por los grupos de oposición, que le instan a que ocupe la Jefatura del Estado. Y aunque dice que en las actuales circunstancias es "imposible" que vuelva al gobierno, defiende una "salida razonable" al conflicto para salvar a la nación.
El alcalde de La Paz, Juan del Granado, también ha pedido la renuncia de Sánchez de Lozada, alegando que "él (el presidente) debería dar lugar a la sucesión constitucional, esto va más allá de una posición política, de una posición partidaria específica, porque necesitamos organizar un gobierno de transición de pacificación". Por su parte, el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, dice que "el referéndum ya no lo necesitamos, el pueblo lo está dando todos los días, con su movilización", y pide que Sánchez de Lozada dimita. También el líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, cree que el manifiesto de la coalición de gobierno sólo busca "burlarse" de la población. Otro de los líderes de la movilización y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, rechaza las propuestas gubernamentales por tratarse de un "engaño" a la gente y porque "ya nadie tiene confianza en el presidente".
Las organizaciones obreras, campesinas y sociales, junto al MAS, coinciden en culpar al presidente del agravamiento de la crisis económica y política del país, que se inició en 1999, y de haber aumentado el nivel de pobreza de gran parte de la población. Las protestas piden la retirada total del plan de venta de gas natural y también la salida de Bolivia de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), así como el cambio del modelo económico neoliberal vigente en Bolivia desde 1985.