El comité de la ONU que investiga posibles violaciones de los derechos humanos en la ofensiva militar de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza acusó este martes, por igual, al Ejército israelí y a los terroristas islamistas de cometer "crímenes de guerra" durante el conflicto del pasado diciembre y enero.
"La misión ha concluido que las acciones que se llevaron a cabo constituyen crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad", aseguró en la presentación del informe el jefe del comité, el jurista sudafricano Richard Goldstone.
Israel ha acogido con frialdad este informe, ya que rechazó cooperar desde un principio con la investigación al constatar que su mandato era "claramente parcial". El Ministerio de Exteriores israelí señaló que leerá "el informe con atención, como hace con todos los informes preparados por organizaciones nacionales e internacionales", a pesar de sus lógicas "reservas".
Fuentes de la diplomacia israelí aseguraron a Efe que el resultado del texto "no supone una decepción, porque no había expectativas", dado el "claro desequilibrio" del mandato. "Al no investigar lo sucedido antes del ataque, sólo analiza la respuesta", lamentaron las fuentes, bajo condición de anonimato, en alusión a los 23 días de ofensiva "Plomo Fundido", que dejaron unos 1.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles y más de un quinto de ellos menores, según recuentos hospitalarios locales y de ONG israelíes, palestinas e internacionales.
En su nota, el Ministerio de Exteriores insiste en que "tanto el mandato de la misión como la resolución que lo creó prejuzgaban el resultado de la investigación, daban legitimidad a la organización terrorista Hamás y pasaban por alto la deliberada estrategia de Hamás de usar civiles palestinos como escudo para lanzar ataques terroristas".
El informe
El informe de 574 páginas señala que la operación militar israelí "Plomo Fundido" tenía como blanco toda la población de Gaza, como parte de una política de "castigo colectivo" que se había iniciado en junio de 2007 con el bloqueo impuesto al territorio palestino después de que los terroristas de Hamas tomaran allí el poder.
La ofensiva israelí se inició con una serie de bombardeos aéreos el 27 de diciembre de 2008, dio paso a una invasión terrestre que finalizó el 18 de enero y dejó atrás más de 1.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles. Los cuatro miembros del comité aseguran en el informe que los militares israelíes utilizaron "la fuerza de manera desproporcionada" contra civiles palestinos, con el bombardeo de almacenes de alimentos, zonas residenciales, fábricas y equipo de potabilización de agua. "Por los hechos analizados, la misión halla que la destrucción (de estas instalaciones) tenían como fin negarle el sustento a la población civil", resalta el documento, que califica de "ilegal" los ataques a residencias privadas, pozos y tanques de agua potable.
También considera que las acciones israelíes en Gaza, con las que privó a la población palestina de alimentos, empleos, vivienda y agua, además de libertades como la de movimiento, podrían ser consideradas por un "tribunal competente" como crímenes contra la humanidad.
Asimismo, el comité asegura que la investigación de 36 incidentes específicos demuestra que en la mayoría de los casos los militares israelíes ignoraron el principio fundamental del derecho internacional de "distinguir" entre objetivos civiles y militares. "Si se tiene en cuenta la planificación que se llevó a cabo, el uso de la mejor tecnología disponible para ejecutar esos planes, además de la declaración del Ejército israelí de que no se cometieron errores, la misión concluye que los incidentes y los patrones de conducta analizados en el informe son el resultado de decisiones políticas deliberadas", apunta.
El comité asegura que los lanzamientos de cohetes desde Gaza a poblaciones en el sur de Israel constituyen también "crímenes de guerra y podrían llegar a ser crímenes contra la humanidad" por su naturaleza indiscriminada. "El lanzamiento de cohetes y morteros que no pueden apuntarse con suficiente precisión a objetivos militares viola el principio fundamental de la distinción" entre civiles y combatientes, afirma el documento, que los considera "ataques deliberados contra la población civil".
En sus conclusiones, el comité señala que ninguno de los dos bandos han llevado a cabo investigaciones "creíbles" de las posibles violaciones cometidas durante el conflicto. Por ello recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU que obligue al Gobierno israelí y a las autoridades en Gaza a informarle en los próximos seis meses de sus acciones en esa materia. Si no responden de "buena fe" a las indicaciones del órgano de Naciones Unidas, el comité recomienda que se traslade la investigación de la operación "Plomo Fundido" a la Corte Penal Internacional.