La ONU acuerda juzgar los crímenes de Darfur en la Corte Penal Internacional
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han acordado juzgar los crímenes en la región sudanesa de Darfur en la Corte Penal Internacional (CPI), después que EEUU renunciara a ejercer su derecho a veto tras obtener la plena inmunidad para sus ciudadanos. El conflicto en esa zona sudanesa estalló en febrero del 2003, cuando los grupos rebeldes de la zona se levantaron en armas contra el gobierno de Jartum por la marginación que sufrían y desde entonces han muerto 300.000 personas, así como unas 2,5 millones han sido desplazadas.
LD (EFE) En una resolución presentada en el Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada por once votos a favor y cuatro abstenciones (EEUU, China, Brasil y Argelia), se ha aprobado juzgar los crímenes en la región sudanesa de darfur en la Corte Penal Internacional.
En el texto se establece llevar a los responsables de crímenes y atrocidades en Darfur cometidos desde el 1 de julio del 2002 a la fiscalía de la CPI, con sede en la Haya. Sin embargo, estipula que los nacionales de los países que no forman parte del Estatuto de Roma y que participen en operativos establecidos o autorizados por el Consejo de Seguridad o la Unión Africana en Sudán "estén sujetos exclusivamente a la jurisdicción de sus países de procedencia".
La disposición responde a la petición de EEUU, un ferviente opositor del CPI, que durante las negociaciones de la resolución ha batallado para asegurarse de que sus ciudadanos, tanto soldados como civiles, queden exentos de la jurisdicción de este tribunal. Por cuestiones relativas a su legislación nacional, Francia ha tenido que desistir en su intención de patrocinar la resolución, pese a que ha sido el país que ha promovido con más fuerza que los crímenes de Darfur sean encausados en la CPI.
El Reino Unido fue quien presentó la versión final del documento, tras alcanzar un acuerdo con EEUU, que amenazaba con ejercer su derecho a veto, si no se reforzaba el lenguaje relativo a la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses por posibles actos criminales en operativos de paz en Sudán.
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