El tráfico ilegal de medicamentos financió a Cristina Kirchner

Hace años que la justicia argentina trata de llevar ante los tribunales a la "mafia de los medicamentos", una red organizada dedicada al robo, venta ilegal, y adulteración de los medicamentos gratuitos provistos por el Estado. El hecho de que la falsificación afectase principalmente a tratamientos oncológicos y para el VIH agravó el escándalo, que se transformó en una cuestión de salud pública. 

El nombre de los Kirchner ha estado involucrado en la trama desde el inicio de las investigaciones, y multitud de indicios señalaban el camino que seguía el dinero sucio de esta mafia, que irremediablemente acababa de un modo ú otro en la Casa Rosada.

El juez que instruye el caso, Norberto Oyarbide, ha pasado meses estudiando el complicado engranaje de la red de tráfico ilegal, y de qué manera el matrimonio presidencial estaba involucrado con los ingresos de la mafia.

Con el tiempo, personas cada vez más ligadas al kirchnerismo han ido siendo imputados, hasta que hace unos días, como revela el diario Clarín, el consejero de Salud, Alberto Costa, se vio forzado a la dimisión por su implicación directa con la red delictiva.

Pero el hombre clave ha sido Néstor Osvaldo Lorenzo, empresario farmacéutico y director del Laboratorio San Javier, principal acusado de la distribución de los falsos medicametnos. Un registro llevado a cabo en su domicilio, por orden del juez Oyarbide, aportó las pruebas fundamentales para llegar a los altos responsables.

Según recoge La Nación, Oyarbide declaró que en el registro por orden judicial del domicilio de Lorenzo habían encontrad "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de Cristina Kirchner, en 2007.

"La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras, que dan cuenta de conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV" declaró en el diario Clarín.

Hernán Capaccioli, uno de los reponsables de recaudar fondos para la campaña que hizo presidenta a Cristina Fernández Kirchner, ha sido la primera víctima política directamente relacionada con el Gobierno argentino.  Y es que, según los datos del Juez Oyarbide el empresario Lorenzo habría aportado unos 200.000 euros a la campaña presidencial, directamente salidos de la venta de medicamentos adulterados a pacientes con patologías crónicas.

La trama se convirtió en un escándalo político, cuando otro de los empresarios acusados de financiar con cerca de un 170.000 euros el ascenso de Cristina Kirchner al poder, Sebastián Forza, apareció ejecutado junto a sus dos socios con un disparo en la nuca.

Ahora, con el hallazgo de las facturas se espera que más responsables sean imputados por el juez, mientras la oposición demanda al Ministro de salud bonaerense Claudio Zin que rinda cuentas por el escándalo.