LD (Agencias) Un tribunal de control ordenó el pasado 26 de febrero la detención de los ex ejecutivos, pero una corte de apelaciones revocó esa medida el 17 de marzo, decisión que posteriormente apeló la Fiscalía el 21 de marzo ante el Supremo, que admitió el amparo. Los afectados por la medida son Juan Fernández, Gonzalo Feijoo, Horacio Medina, Edgar Quijano, Mireya Ripanti, Lino Carrillo y Juan Santana, ex gerentes del grupo estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El Supremo ordenó también a la Corte de Apelaciones implicada en el caso que fije, dentro de las 96 horas siguientes a la última de las notificaciones, una fecha para que se efectúe "la audiencia oral en la que se resolverá el fondo del caso".
La Fiscalía imputa a los siete ex gerentes "las irregularidades ocurridas en PDVSA" a partir del 4 de diciembre, cuando incorporaron la empresa a la huelga general indefinida organizada por la oposición para provocar la renuncia del presidente Hugo Chávez. La paralización causó pérdidas a la estratégica industria petrolera superiores a los 4.000 millones de dólares y superiores a los 7.300 millones al país, según cálculos de la Asamblea Nacional. Además, la huelga petrolera provocó una aguda escasez de combustible y gas doméstico durante la época navideña y enero, lo que obligó al Gobierno, por primera vez en la historia moderna del país, a importar gasolina, principalmente de EEUU.
Las pérdidas provocadas por la huelga forzaron al Ejecutivo a recortar el presupuesto nacional de 2003 y a establecer un control de cambio. El petróleo proporciona la mitad de los recursos ordinarios del presupuesto nacional y el 80 por ciento de las divisas que recibe la nación. A raíz de la huelga, el Gobierno decidió "hacer una limpieza" y despidió a 18.000 de las 41.000 personas que componían la nómina de PDVSA a principios de diciembre bajo el argumento de que al no existir reivindicaciones de orden laboral, su ausencia de los puestos de trabajo fue injustificada. Actualmente, PDVSA ha recuperado casi totalmente su capacidad de producción y refinado, aunque persisten problemas internos de reajuste tras el importante recorte en la plantilla.
La Fiscalía imputa a los siete ex gerentes "las irregularidades ocurridas en PDVSA" a partir del 4 de diciembre, cuando incorporaron la empresa a la huelga general indefinida organizada por la oposición para provocar la renuncia del presidente Hugo Chávez. La paralización causó pérdidas a la estratégica industria petrolera superiores a los 4.000 millones de dólares y superiores a los 7.300 millones al país, según cálculos de la Asamblea Nacional. Además, la huelga petrolera provocó una aguda escasez de combustible y gas doméstico durante la época navideña y enero, lo que obligó al Gobierno, por primera vez en la historia moderna del país, a importar gasolina, principalmente de EEUU.
Las pérdidas provocadas por la huelga forzaron al Ejecutivo a recortar el presupuesto nacional de 2003 y a establecer un control de cambio. El petróleo proporciona la mitad de los recursos ordinarios del presupuesto nacional y el 80 por ciento de las divisas que recibe la nación. A raíz de la huelga, el Gobierno decidió "hacer una limpieza" y despidió a 18.000 de las 41.000 personas que componían la nómina de PDVSA a principios de diciembre bajo el argumento de que al no existir reivindicaciones de orden laboral, su ausencia de los puestos de trabajo fue injustificada. Actualmente, PDVSA ha recuperado casi totalmente su capacidad de producción y refinado, aunque persisten problemas internos de reajuste tras el importante recorte en la plantilla.