L D (EFE) El Ministerio Público de Punta Arenas se ha declarado no competente para ver el caso, añadieron las fuentes.
El hasta ahora encargado de la investigación, el fiscal regional de Magallanes, Pedro Corti presentó su decisión de inhibirse a favor de la Justicia militar este miércoles en la Fiscalía Militar de Punta Arenas. Ello se debe a que en la región de Magallanes rige el nuevo sistema procesal penal chileno, en el que las audiencias son públicas y orales, y con el traspaso a los tribunales militares se evitará la exposición abierta de "secretos de Estado".
El incidente, que desembocó en la destitución y dimisión de dos altos oficiales del Ejército, se produjo el pasado domingo, cuando el cónsul argentino adjunto en Punta Arenas, José Andrés Basbús, sorprendió a dos intrusos que habían fotocopiado documentos en la sede diplomática. Los sujetos, con uno de los cuales Basbús incluso forcejeó, escaparon, pero dejaron en el lugar chaquetas, una filmadora, una cédula de identidad y un permiso para portar armas a nombre de Luis Alberto Robles Ricus, señalado después como agente de "contrainteligencia" (contraespionaje) del Ejército.
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet confirmó este miércoles que los detenidos en relación con el caso son cuatro militares que ya comparecieron ante el tribunal de Garantías de Punta Arenas, aunque medios de prensa han cifrado en seis el número de implicados. Aunque los nombres se han mantenido en reserva, se ha sabido que uno es el mencionado Luis Alberto Robles Ricus y otro es un mayor llamado Rodrigo Acuña Délano, jefe operativo del Departamento de Inteligencia Conjunta, quien sería la otra persona que irrumpió en el consulado argentino.
El hasta ahora encargado de la investigación, el fiscal regional de Magallanes, Pedro Corti presentó su decisión de inhibirse a favor de la Justicia militar este miércoles en la Fiscalía Militar de Punta Arenas. Ello se debe a que en la región de Magallanes rige el nuevo sistema procesal penal chileno, en el que las audiencias son públicas y orales, y con el traspaso a los tribunales militares se evitará la exposición abierta de "secretos de Estado".
El incidente, que desembocó en la destitución y dimisión de dos altos oficiales del Ejército, se produjo el pasado domingo, cuando el cónsul argentino adjunto en Punta Arenas, José Andrés Basbús, sorprendió a dos intrusos que habían fotocopiado documentos en la sede diplomática. Los sujetos, con uno de los cuales Basbús incluso forcejeó, escaparon, pero dejaron en el lugar chaquetas, una filmadora, una cédula de identidad y un permiso para portar armas a nombre de Luis Alberto Robles Ricus, señalado después como agente de "contrainteligencia" (contraespionaje) del Ejército.
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet confirmó este miércoles que los detenidos en relación con el caso son cuatro militares que ya comparecieron ante el tribunal de Garantías de Punta Arenas, aunque medios de prensa han cifrado en seis el número de implicados. Aunque los nombres se han mantenido en reserva, se ha sabido que uno es el mencionado Luis Alberto Robles Ricus y otro es un mayor llamado Rodrigo Acuña Délano, jefe operativo del Departamento de Inteligencia Conjunta, quien sería la otra persona que irrumpió en el consulado argentino.