LD (Agencias) La polémica creada por el bloqueo del ministro de Justicia, Roberto Castelli, a una rogatoria a EEUU para investigar al grupo televisivo “Mediaset”, propiedad de Silvio Berlusconi, obligó al primero a dar marcha atrás y autorizar la petición judicial. El propio Castelli anunció en el Senado la autorización de la rogatoria, dando por cerrado un episodio que ha amenazado con desencadenar una crisis dentro de la mayoría conservadora y que levantó las iras de la oposición de centroizquierda y la magistratura. El ministro se justificó asegurando que era “mentira” que hubiese intentado bloquear la investigación judicial y que tan solo había pedido una suspensión temporal para “la interpretación de una ley poco clara”.
La paralización de la rogatoria ordenada la pasada semana se basa en una ley aprobada en junio por el Parlamento que suspende los procesos penales a los cinco principales cargos del Estado durante su mandato, entre ellos el propio Berlusconi. Sin embargo, la oposición y los jueces han defendido con insistencia que la citada norma suspende los procesos, pero no las investigaciones judiciales previas y por tanto la rogatoria. La iniciativa de Castelli había creado también una fuerte disensión en el seno de la propia coalición de Gobierno, en especial en la Unión Demócrata Cristiana (UDC), que reúne a los tres partidos democristianos aliados de Berlusconi.
La rogatoria había sido solicitada por la fiscalía milanesa que investiga la compraventa por Berlusconi entre 1994 y 1996 de los derechos de transmisión de películas estadounidenses en los canales de “Mediaset” ( Rete4 , Canale5 e Italia1 ). La fiscalía considera que el grupo televisivo italiano podría haber eludido al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros, a través de un complejo entramado de empresas intermediarias en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas o Malta. Por ello, habían solicitado al Ministerio de Justicia que tramitase una rogatoria ante Washington para aclarar algunos aspectos económicos de las citadas operaciones, ya que según el tratado de colaboración judicial entre Italia y EEUU, los magistrados de ambos países no pueden intercambiar información directamente.
La paralización de la rogatoria ordenada la pasada semana se basa en una ley aprobada en junio por el Parlamento que suspende los procesos penales a los cinco principales cargos del Estado durante su mandato, entre ellos el propio Berlusconi. Sin embargo, la oposición y los jueces han defendido con insistencia que la citada norma suspende los procesos, pero no las investigaciones judiciales previas y por tanto la rogatoria. La iniciativa de Castelli había creado también una fuerte disensión en el seno de la propia coalición de Gobierno, en especial en la Unión Demócrata Cristiana (UDC), que reúne a los tres partidos democristianos aliados de Berlusconi.
La rogatoria había sido solicitada por la fiscalía milanesa que investiga la compraventa por Berlusconi entre 1994 y 1996 de los derechos de transmisión de películas estadounidenses en los canales de “Mediaset” ( Rete4 , Canale5 e Italia1 ). La fiscalía considera que el grupo televisivo italiano podría haber eludido al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros, a través de un complejo entramado de empresas intermediarias en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas o Malta. Por ello, habían solicitado al Ministerio de Justicia que tramitase una rogatoria ante Washington para aclarar algunos aspectos económicos de las citadas operaciones, ya que según el tratado de colaboración judicial entre Italia y EEUU, los magistrados de ambos países no pueden intercambiar información directamente.