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La Justicia electoral brasileña podría aplazar la investidura de Lula hasta que se aclaren las cuentas de su campaña

El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, Marco Aurelio Mello, ha informado que existe la posibilidad de que la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, sea aplazada si no se aclaran las cuentas de su campaña. Lula, reelegido en segunda vuelta el pasado 29 de octubre, debe tomar posesión de su nuevo mandato el 1 de enero próximo, pero la justicia electoral rechazó este martes, por diversas irregularidades, las cuentas de su campaña electoral. Según el tribunal, que ha dado un plazo de 72 horas para que esas cuentas sean aclaradas, en la declaración presentada por el Partido de los Trabajadores (PT) sobre la campaña de Lula hay donaciones de empresas que tienen negocios con el Estado, lo que está expresamente prohibido por la ley.

L D (EFE) El tesorero de la campaña para la reelección de Lula, José de Filipi, admitió que podía haber "errores" en la presentación de las cuentas y aseguró que todo será aclarado en un plazo más breve que el establecido por las autoridades.

Mello, por su parte, explicó que, según la ley, las cuentas deben ser aprobadas antes del próximo 14 de diciembre, fecha en la que Lula tendría que ser acreditado oficialmente como presidente de Brasil para el periodo 2007-2011. Sin embargo, indicó que si es necesario un análisis más detallado sobre los gastos y las donaciones de la campaña, ese acto podría ser aplazado, con lo que quedaría postergada también la toma de posesión del nuevo presidente.

En ese caso, según Mello, la ley dice que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Rebelo, debería asumir la presidencia del país, pues se crearía una situación de vacío de poder y no podría asumir el vicepresidente, José Alencar, que estaría en la misma situación de Lula, ya que fue reelegido en la misma fórmula.

Según el tribunal electoral, en el caso de que el PT no aclare las cuentas, el informe será entregado al Ministerio Público, que a su vez debería solicitar al Tribunal Supremo que declare "inelegible" a Lula.

Esa solicitud se basaría en el artículo 22 de la ley electoral, según el cual se debe abrir un proceso judicial a fin de declarar "inelegible" al candidato incurso en casos "de uso indebido, desvío o abuso de poder económico o de autoridad, o de uso indebido de medios de comunicación".

Según las cuentas del tribunal electoral, la campaña de Lula a la reelección fue la más costosa de las realizadas este año. El comité de Lula declaró una recaudación de 93,4 millones de reales (unos 42,5 millones de dólares) para financiar la campaña, que no fueron suficientes para cubrir los gastos, que llegaron a 103,3 millones de reales (unos 46,9 millones de dólares).

La deuda tuvo que ser asumida por el PT, que arrastra una crítica situación financiera, producto, en buena medida, de los escándalos de corrupción en que esa formación se sumergió durante los comicios presidenciales de 2002 y los municipales de 2004.

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