L D (EFE) La medida fue tomada por el magistrado Rodolfo Canicoba Corral, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1983, informaron fuentes judiciales.
En la misma resolución, el juez ordenó la inmediata detención de tres de los militares alcanzados por los indultos, de los cuales dos ya se encuentran en prisión por otra causa. La resolución no alcanzó a los tres imputados restantes debido a que han fallecido. Los indultos que el magistrado considera inválidos habían sido dictados durante la presidencia de Carlos Menem y permitieron salir de prisión a los generales Guillermo Suárez Mason, Juan Sasiaiñ, Jorge Olivera Rovere, José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero.
Se trata del primer fallo judicial que cuestiona los indultos dictados por Menem, quien durante su gobierno (1989-1999) firmó diez decretos de este tipo que beneficiaron a más de 300 miembros de la dictadura y jefes de agrupaciones guerrilleras. La decisión de Canicoba Corral cuenta con el apoyo de los organismos de defensa de los derechos humanos y generó críticas de expertos en derecho constitucional, que consideran que los jueces no pueden avanzar sobre una prerrogativa presidencial.
El juez tomó la decisión a partir de una petición de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que buscan que los represores del Primer Cuerpo del Ejército vuelvan a ser juzgados por los delitos que se les imputan. Se trata de uno de los tres grandes expedientes judiciales sobre lo ocurrido durante la dictadura que la justicia argentina reabrió recientemente después de que, en agosto pasado, el Parlamento declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Esas normas, dictadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y sobre cuya validez todavía debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, habían librado de responsabilidad a más de un millar de acusados de graves crímenes.
En la misma resolución, el juez ordenó la inmediata detención de tres de los militares alcanzados por los indultos, de los cuales dos ya se encuentran en prisión por otra causa. La resolución no alcanzó a los tres imputados restantes debido a que han fallecido. Los indultos que el magistrado considera inválidos habían sido dictados durante la presidencia de Carlos Menem y permitieron salir de prisión a los generales Guillermo Suárez Mason, Juan Sasiaiñ, Jorge Olivera Rovere, José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero.
Se trata del primer fallo judicial que cuestiona los indultos dictados por Menem, quien durante su gobierno (1989-1999) firmó diez decretos de este tipo que beneficiaron a más de 300 miembros de la dictadura y jefes de agrupaciones guerrilleras. La decisión de Canicoba Corral cuenta con el apoyo de los organismos de defensa de los derechos humanos y generó críticas de expertos en derecho constitucional, que consideran que los jueces no pueden avanzar sobre una prerrogativa presidencial.
El juez tomó la decisión a partir de una petición de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que buscan que los represores del Primer Cuerpo del Ejército vuelvan a ser juzgados por los delitos que se les imputan. Se trata de uno de los tres grandes expedientes judiciales sobre lo ocurrido durante la dictadura que la justicia argentina reabrió recientemente después de que, en agosto pasado, el Parlamento declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Esas normas, dictadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y sobre cuya validez todavía debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, habían librado de responsabilidad a más de un millar de acusados de graves crímenes.