La Justicia argentina concede la libertad a los represores Jorge Acosta y Alfredo Astiz

L D (EFE) La medida de la Cámara Nacional de Casación Penal benefició a Astiz y al "Tigre" Acosta, símbolos de la represión de la última dictadura argentina (1976-1983), además de otros ocho ex militares procesados por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante el régimen de facto.

 

De todas formas, los portavoces aclararon que la decisión "no se hará efectiva de manera inmediata" ya que los ex militares beneficiados por la medida deberán esperar las cauciones que dispondrá el juez federal Sergio Torres para quedar en libertad.

 

En el caso de Astiz y Acosta, el magistrado Torres deberá revisar el estado en el que se encuentran otras causas vinculadas con la dictadura en las que ambos ex militares también están acusados, por lo que no se descarta que la excarcelación finalmente "no se haga efectiva", explicaron los portavoces.

 

La Sala II del tribunal dispuso esta medida después de que vencieran los plazos que la ley establece para mantener con prisión preventiva a una persona, sin sentencia firme. El juez Torres estableció meses atrás que los ex marinos sean trasladados de unidades militares a cárceles del Servicio Penitenciario Federal. La medida judicial también benefició a Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Víctor Cardo, Alberto González, Raúl González, Juan Antonio Azic y Néstor Savio.

 

Astiz y el "Tigre" Acosta se encuentran procesados y a la espera de juicios por los delitos cometidos en la ESMA, por donde pasaron unas 5.000 personas. La investigación de las actuaciones en la ESMA por Torres es una de las dos "megacausas" que se reabrieron en Argentina tras la derogación parlamentaria en 2003 de las denominadas "leyes del perdón", que beneficiaron a un millar de represores de la dictadura. "Esto es un agravio, que nos pase esto es un sopapo. Miren el regalo de fin de año que nos hacen", sostuvo la dirigente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida, al conocer la medida.

 

Los cálculos oficiales establecen que en la dictadura desaparecieron 18.000 personas, pero organismos de derechos humanos afirman que las víctimas en realidad fueron unas 30.000.