Lo hemos detectado en el decreto de hoy mismo, 14 de enero, de la Junta de Andalucía en el que se aprueban los Programas Operativos de Países Prioritarios correspondientes a República Dominicana, Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Paraguay, Mozambique y Territorios Palestinos. Haití, como saben, acaba de sufrir el terremoto más importante del siglo XXI y cuenta los muertos por decenas de miles.
Como puede verse en el mapa, Haití es menos de la mitad de la isla de Santo Domingo, que comparte con la República Dominicana, país que sí recibe tales ayudas.
En su conjunto, son países prioritarios de la cooperación andaluza: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Paraguay, en Iberoamérica; Marruecos, Mauritania, Población Saharaui y Territorios Palestinos, en Norte de África y Oriente Medio; y Malí, Senegal, Guinea Bissau, Burkina Fasso, Togo, República del Congo y Mozambique, en África Subsahariana.
Resulta extremadamente curioso en estas circunstancias actuales se exprese lo siguiente en tal decreto:
"República Dominicana es uno de estos países prioritarios. Ocupa el lugar 79 en el IDH. Sus principales problemas están relacionados con la precariedad social, la limitada cobertura de servicios sociales básicos (especialmente en materia de educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda, acceso a agua potable y saneamiento), el deterioro ambiental, el bajo nivel de confianza en las instituciones, la insuficiencia de iniciativas de desarrollo económico generadoras de empleo y la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El presente Programa Operativo constituye el marco de actuación en la República Dominicana de los distintos agentes de cooperación financiados con fondos del Presupuesto andaluz para el período 2009-2011. Por ello, al igual que en el PACODE, la participación, la concertación, el consenso y la complementariedad entre los agentes de desarrollo andaluces han presidido su elaboración, con un claro enfoque de derechos".
Sin embargo y contradictoriamente, la Junta afirma que precisamente está en Haití una de las causas fundamentales de la pobreza dominicana:
"La situación de República Dominicana no puede analizarse sin tener en cuenta la situación de Haití, ya que en las zonas fronterizas (una de las áreas de mayor pobreza) viven 700.000 haitianos, que suelen ser empleados como mano de obra barata y que deprime el salario medio nacional. Estos bajos precios también han conducido a una baja presión para la modernización tecnológica. Además, el mercado laboral está marcado por la inequidad de género, observándose comportamientos distintos para hombres y mujeres, tanto en el acceso como en los ingresos y la calidad.
El fenómeno migratorio de la población haitiana y su relación directa con la sociedad dominicana responde, en un principio, a causas económicas. Sin embargo, no podemos dejar de lado la migración por razones políticas durante las dictaduras de la familia Duvalier y la sangrienta represión del régimen de Cedras en 1991-94. En esta época hubo un éxodo masivo en el que más de 100.000 haitianos y haitianas huyeron del país por mar o cruzando la frontera hacia la República Dominicana.
De este éxodo, 20.000 refugiados cruzaron la frontera dominicana y el Gobierno de Balaguer optó por ignorar esta situación. Esta indiferencia y la burocracia en los procesos de concesión de auxilio, activó un movimiento social, de tal modo que la respuesta a esta situación vino de la sociedad civil creándose los comités de solidaridad por todo el país ofreciendo su ayuda ONG´s, grupos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sindicatos y otras organizaciones que se solidarizaron con el pueblo haitiano.
Sin embargo, como antes señalábamos, las causas económicas, unidas a los desastres naturales que Haití sufre en la época de huracanes así como la violencia descontrolada y generalizada, han impulsado la migración de la población haitiana, arrastrados en ocasiones por graves períodos de hambruna, al verse dañadas las débiles economías de subsistencia existentes en el país.
La emigración de dominicanos y la inmigración de haitianos constituyen tendencias demográficas de gran impacto en República Dominicana, lo que también se traslada a las dinámicas de empleo y de desarrollo del país mediante las remesas, por una parte, y los trabajos “informales” a los que se ven abocados los haitianos, por otra”, termina el informe de la Junta.
A pesar de ello, no se destina ni un euro andaluz a Haití. Cabe preguntarse si los criterios de la ayuda andaluza son los de pobreza y necesidad de las poblaciones o si, por el contrario, están animados por otros intereses, por ejemplo, políticos e ideológicos.