L D (EFE) La cúpula de la Iglesia Católica cubana lamenta que, transcurridos cinco años desde la visita del Papa Juan Pablo II a la isla, el aparente proceso de apertura se ha visto trastocado por una "revisión" y una "involución" económica. "A partir de la visita del Papa, se ha experimentado en Cuba de forma creciente un retorno al lenguaje y a los métodos propios de los primeros años de la Revolución", agrega el documento, hecho público por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC). Este retroceso "pone dificultades a un posible diálogo crítico sobre la realidad", añade. "Es preocupante constatar que, actualmente, todo lo que en el pensamiento y en las acciones no coincida con la ideología oficial, se considera carente de legalidad y es descalificado y combatido".
Los obispos se muestran preocupados por "la falta de esperanza, los agobios diarios para la subsistencia y el creciente deseo de emigrar" de los cubanos y, especialmente, por las condenas -de hasta 28 años- impuestas a 75 disidentes y la ejecución de tres secuestradores de una embarcación tras un juicio sumarísimo, el pasado mes de abril. Estas acciones "cierran el camino a la libertad de expresión y a la comprensión entre cubanos", continúan los obispos, que piden "a las más altas autoridades del país un gesto de clemencia para estas personas que están en la cárcel".
El texto subraya que la misión de la Iglesia "no es política", pero "tiene una presencia pública en lo político y debe intervenir cuando, desde el ejercicio del poder, se atente contra los derechos fundamentales de los seres humanos". Los obispos insisten en "buscar en el diálogo responsable, entre todos, la solución de nuestros conflictos", aunque admiten que esta propuesta "no es bien acogida, tanto por las autoridades del país como por algunos cubanos radicados fuera de la Patria". El documento denuncia también la existencia de una "lucha sutil" contra la Iglesia en Cuba, "tratándola como una entidad privada o un hecho marginal que puede sustraer fuerzas o energías a la revolución". Además, los obispos rechazan "los intentos de manipular grupos de distinto signo en el interior de la Iglesia para que desempeñen un rol político ajeno a la naturaleza y misión de la misma".
La jerarquía de la Iglesia Católica cubana asegura que no renunciará al "diálogo constructivo" con las autoridades del país, a las que entregaron el documento poco antes de hacerlo público. Asimismo, reclama libertad de culto y aboga por el derecho de los cristianos "a participar, sin limitaciones, en la vida sindical, profesional y política" de la isla. Los obispos insisten en su derecho a construir nuevos templos y piden facilidades para la entrada de religiosos que desean trabajar en Cuba, para el acceso de la Iglesia a los medios de comunicación y su presencia en el campo de la educación.
Pese a las dificultades, reconocen que desde la visita del Papa, en enero de 1998, se ha registrado un cierto "crecimiento" de la Iglesia en Cuba, con la creación de nuevas diócesis y el surgimiento de casas de oración en barrios y pueblos sin templos. Fuentes de la Conferencia estiman en "varias decenas" la cifra de religiosos extranjeros que esperan visado del Gobierno cubano para poder desarrollar su labor en la isla. Según estimaciones de la Iglesia cubana, alrededor del 60 por ciento de la población del país (11 millones de personas) está bautizada, aunque fuentes de la Conferencia reconocen que la cifra de católicos practicantes es considerablemente inferior.
Los obispos se muestran preocupados por "la falta de esperanza, los agobios diarios para la subsistencia y el creciente deseo de emigrar" de los cubanos y, especialmente, por las condenas -de hasta 28 años- impuestas a 75 disidentes y la ejecución de tres secuestradores de una embarcación tras un juicio sumarísimo, el pasado mes de abril. Estas acciones "cierran el camino a la libertad de expresión y a la comprensión entre cubanos", continúan los obispos, que piden "a las más altas autoridades del país un gesto de clemencia para estas personas que están en la cárcel".
El texto subraya que la misión de la Iglesia "no es política", pero "tiene una presencia pública en lo político y debe intervenir cuando, desde el ejercicio del poder, se atente contra los derechos fundamentales de los seres humanos". Los obispos insisten en "buscar en el diálogo responsable, entre todos, la solución de nuestros conflictos", aunque admiten que esta propuesta "no es bien acogida, tanto por las autoridades del país como por algunos cubanos radicados fuera de la Patria". El documento denuncia también la existencia de una "lucha sutil" contra la Iglesia en Cuba, "tratándola como una entidad privada o un hecho marginal que puede sustraer fuerzas o energías a la revolución". Además, los obispos rechazan "los intentos de manipular grupos de distinto signo en el interior de la Iglesia para que desempeñen un rol político ajeno a la naturaleza y misión de la misma".
La jerarquía de la Iglesia Católica cubana asegura que no renunciará al "diálogo constructivo" con las autoridades del país, a las que entregaron el documento poco antes de hacerlo público. Asimismo, reclama libertad de culto y aboga por el derecho de los cristianos "a participar, sin limitaciones, en la vida sindical, profesional y política" de la isla. Los obispos insisten en su derecho a construir nuevos templos y piden facilidades para la entrada de religiosos que desean trabajar en Cuba, para el acceso de la Iglesia a los medios de comunicación y su presencia en el campo de la educación.
Pese a las dificultades, reconocen que desde la visita del Papa, en enero de 1998, se ha registrado un cierto "crecimiento" de la Iglesia en Cuba, con la creación de nuevas diócesis y el surgimiento de casas de oración en barrios y pueblos sin templos. Fuentes de la Conferencia estiman en "varias decenas" la cifra de religiosos extranjeros que esperan visado del Gobierno cubano para poder desarrollar su labor en la isla. Según estimaciones de la Iglesia cubana, alrededor del 60 por ciento de la población del país (11 millones de personas) está bautizada, aunque fuentes de la Conferencia reconocen que la cifra de católicos practicantes es considerablemente inferior.