LD (Agencias) El titular de la dependencia, Ignacio Carrillo, explicó que la decisión del Alto Tribunal lo ha convertido "en el motor del Estado Democrático de Derecho" porque podría permitir hacer justicia a las víctimas de la llamada "guerra sucia".
La resolución judicial está relacionada con la desaparición del joven Jesús Piedra Ibarra, en 1975, una de las víctimas de la oleada de represión lanzada contra movimientos izquierdistas en la década de los años sesenta y setenta. Para Carrillo, el histórico fallo judicial contra la decisión del juez Guillermo Vázquez de paralizar el arresto de dos ex altos funcionarios alegando que los delitos habían prescrito, tuvo el mérito de tomar en cuenta "el contexto social" en que se inscribía la demanda.
La madre del desaparecido, Rosario Ibarra, llevó el caso ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP) y logró amplios apoyos de otras ONG pero pocos frutos en cuanto a su reclamo durante décadas de hacer justicia. Sin embargo, el miércoles la Suprema Corte mexicana quitó la razón al juez Vázquez y declaró que, al no haber aparecido aún la víctima, ni siquiera ha comenzado a correr el término de prescripción, tal como defiende Carrillo. Esa circunstancia abrió la posibilidad de que los familiares de cientos de desaparecidos procedan judicialmente contra los ex funcionarios, sean civiles o militares.