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La Fiscalía de Honduras confirma que Zelaya podría enfrentarse a 20 años de prisión

El fiscal general de Honduras, Luis Rubí, confirmó hoy que si el depuesto presidente Manuel Zelaya regresa al país, será detenido porque hay una orden de captura en su contra por delitos que podrían costarle hasta 20 años de prisión.

Rubí, quien ocupa el cargo desde hace varios meses y es miembro del gobernante Partido Liberal, expresó en rueda de prensa que "una vez que (Zelaya) se plante en el territorio nacional, él va a ser detenido y puesto a la orden de los tribunales de la República".

Zelaya, derrocado el domingo por los militares, que lo enviaron a Costa Rica, ha anunciado que regresará a Honduras el próximo jueves, arropado por representantes de la comunidad internacional. Este martes el depuesto mandatario compareció ante las Naciones Unidas, en Nueva York, y esta misma tarde lo hará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

El fiscal general explicó que el Ministerio Público investigó y formuló cargos contra Zelaya por "varios delitos" que podrían conllevar "20 años" de cárcel. Algunos delitos de que se le acusa a Zelaya son abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y traición a la patria, entre otros, relacionados con una consulta que el depuesto gobernante intentó celebrar el domingo con la intención de instalar una Asamblea Constituyente, según el fiscal.

Rubí dijo que "el Ministerio Público desde un principio manifestó al presidente que estaba violando la ley" al promover dicha consulta, porque la Constitución no le otorga al Ejecutivo facultades para ello, sólo al Tribunal Supremo Electoral (TSE). A Zelaya "se le siguió todo el procedimiento que establece nuestro orden jurídico", enfatizó. "Le demostramos que había abusado del poder, volvió al país un Estado fuera de Derecho y eso es lo que vamos a acreditar" ante la justicia, remarcó.

El fiscal general aclaró que no hay "ninguna acción" del Ministerio Público contra los funcionarios del Gobierno de Zelaya, a quienes "se les garantizan los derechos y garantías" establecidos en la legislación hondureña. Sin embargo, en el futuro podría haber acciones contra ellos "por casos de corrupción que veníamos arrastrando anteriormente", advirtió.

Informó que el Ministerio Público "está corroborando" la versión del presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé, quien dijo hoy que los empresarios pedirán que se investigue a Zelaya por 60 millones de lempiras (unos 3,1 millones de dólares) que fueron encontrados en el despacho presidencial el día en que fue depuesto.

Rubí lamentó que el nuevo Gobierno de Honduras, presidido por Roberto Micheletti, sea víctima de "desinformación" sobre "lo que realmente ha ocurrido en el país". Además, pidió a la comunidad internacional dejar que los problemas los resuelvan los hondureños "respetando la Constitución y las leyes". Zelaya fue llevado a la fuerza por los militares a Costa Rica el domingo, cuando Micheletti, hasta ese día jefe del Parlamento, fue elegido por este órgano para ocupar la Presidencia del país en aplicación de una disposición constitucional

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