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La Corte colombiana declara sin validez la segunda prórroga del estado de conmoción

La Justicia colombiana declara sin validez la segunda prórroga del estado de conmoción interior decretado por el presidente Álvaro Uribe en febrero pasado. El alto tribunal consideró que el Gobierno tiene "otras herramientas" para el control de la violencia generada por la acción de la guerrilla terrorista y los paramilitares, principalmente.

LD (Agencias) El presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, explicó que desde este miércoles Colombia "no tendrá conmoción interior" tras las respectivas notificaciones a Uribe, quien se encuentra en EEUU, y al presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos. El mandatario declaró el estado de conmoción interior el 8 de agosto de 2002 y lo prorrogó, por primera vez, el 8 de noviembre y luego el 5 de febrero de este año. El régimen de excepción, llamado de conmoción interior, es una especie de estado de sitio, según lo definido por la Constitución colombiana vigente desde 1991. Ese estado estaba vigente en Colombia desde agosto del año pasado, pocos días después de asumir Uribe la presidencia el 7 de agosto en medio de una oleada terrorista que incluso afectó a su toma de posesión.

Montealegre explicó que los magistrados decidieron declarar inconstitucional la prórroga por cuanto el procedimiento utilizado por el Gobierno, para que el concepto rendido por el Senado se expidiera durante el período extraordinario de sesiones, fue un acto que "vulneraba en forma grave la autonomía del Congreso de la República". Al amparo de la figura constitucional de excepción, el Ejecutivo creó, en septiembre, dos "zonas de rehabilitación y consolidación" en el norte del país, en territorio de los departamentos de Bolívar y Sucre y otra en el departamento de Arauca, este.

Esos territorios fueron definidos como dos de los más afectados por la acción de los grupos armados ilegales y en ellos fueron designados altos mandos castrenses para retomar el control. El estado de conmoción interior fue creado para que el Ejecutivo pudiera "manejar situaciones excepcionales" y emitir normas que garanticen la tranquilidad ciudadana. Además de las "zonas de rehabilitación y consolidación", el Gobierno de Uribe creó un "impuesto al patrimonio" para financiar la modernización, dotación e incremento de la fuerza pública.

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