LD (Agencias) El presidente peruano, Alejandro Toledo, recibió el informe final elaborado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el conflicto armado vivido en el país entre 1980 y 2000 que se cobró la vida de más 69.000 personas. En un acto formal celebrado en Palacio de Gobierno de Lima, los miembros de esa comisión entregaron al mandatario los nueve tomos y seis anexos de los que consta este informe, elaborado tras 22 meses de investigación. En el acto de entrega, el presidente comisionado, Salomón Lerner, aseguró que Perú confronta con este informe un "tiempo de vergüenza" ya que las dos décadas finales del siglo XX "son la marca del horror y la deshonra".
La Comisión remarca que entre 1980 y el año 2000, Perú "vivió una situación de violencia política sin precedentes que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos". Las consecuencias de ese proceso de violencia produjeron unas 60.000 muertes "tanto por acciones terroristas, como por enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos y masacres colectivas, personas detenidas y posteriormente desaparecidas, presumiblemente por elementos de las fuerzas del orden". Además, indica que cientos de miles de personas fueron afectadas directamente a tal punto que se vieron forzadas a abandonar sus hogares, generando un fenómeno de desplazamiento interno que afectó las redes sociales originarias así como los lugares de recepción.
Para realizar su trabajo, la comisión organizó su mandato de dos años en cuatro grupos de trabajo y una unidad especializada, que contó con la supervisión de un comisionado responsable y el apoyo de un equipo técnico de investigación. Ese equipo estuvo formado por profesionales de diversas disciplinas como antropólogos, abogados, periodistas, historiadores, sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales. La investigación abarcó el proceso nacional de la violencia política, la línea de género, el esclarecimiento de los hechos, las secuelas, reparaciones y reconciliación, comunicaciones y educación y audiencias públicas con testimonios de las víctimas.
La Comisión remarca que entre 1980 y el año 2000, Perú "vivió una situación de violencia política sin precedentes que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos". Las consecuencias de ese proceso de violencia produjeron unas 60.000 muertes "tanto por acciones terroristas, como por enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos y masacres colectivas, personas detenidas y posteriormente desaparecidas, presumiblemente por elementos de las fuerzas del orden". Además, indica que cientos de miles de personas fueron afectadas directamente a tal punto que se vieron forzadas a abandonar sus hogares, generando un fenómeno de desplazamiento interno que afectó las redes sociales originarias así como los lugares de recepción.
Para realizar su trabajo, la comisión organizó su mandato de dos años en cuatro grupos de trabajo y una unidad especializada, que contó con la supervisión de un comisionado responsable y el apoyo de un equipo técnico de investigación. Ese equipo estuvo formado por profesionales de diversas disciplinas como antropólogos, abogados, periodistas, historiadores, sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales. La investigación abarcó el proceso nacional de la violencia política, la línea de género, el esclarecimiento de los hechos, las secuelas, reparaciones y reconciliación, comunicaciones y educación y audiencias públicas con testimonios de las víctimas.