LD (Agencias) La Sala ha desestimado todas las cuestiones previas planteadas por el fiscal y la defensa de Scilingo para tratar de impedir el juicio. En opinión del tribunal, ninguna de ellas plantea nuevos argumentos a los ya estudiados con anterioridad por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuyo Pleno declaró su competencia en noviembre de 1998. El auto, hecho público este miércoles levanta la suspensión del plazo concedido al fiscal para calificar el pasado 27 de junio, cuando se decretó la apertura de juicio oral contra Scilingo. El fiscal de la Audiencia Nacional adscrito al caso, Pedro Rubira, interpuso este miércoles su anuncio de recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que sea el alto tribunal el que determine en última instancia la competencia española para juzgar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares de Chile y Argentina.
En cuanto a la extradición del resto de militares argentinos acusados de genocidio durante la dictadura, el lunes pasado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fuengariño, se pronunció en contra de la extradición de los 44 militares hasta ahora detenidos en Argentina por orden del juez Garzón al insistir en que España carece de competencia para juzgar a los presuntos responsables de la represión durante la dictadura argentina (1976-1983). Fuengairiño declaraba que esa ha sido siempre la postura de la Fiscalía durante todo el proceso relacionado con los desaparecidos durante las dictaduras argentina y chilena. De hecho, recordó que se mostró disconforme con las extradiciones del ex general chileno Augusto Pinochet y el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo.
En la solicitud de extradición de Baltasar Garzón están incluidos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Ambos bajo arresto domiciliario y acusados de haber llevado adelante un plan para el robo de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención. En la misma situación están Guillermo Suárez Mason y Héctor Antonio Febres. También se solicita la extradición del ex marino Alfredo Astiz, condenado en Francia en rebeldía por la desaparición de dos monjas católicas. En la lista de Garzón también figuran los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, responsables de ejecuciones y desapariciones, beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En cuanto a la extradición del resto de militares argentinos acusados de genocidio durante la dictadura, el lunes pasado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fuengariño, se pronunció en contra de la extradición de los 44 militares hasta ahora detenidos en Argentina por orden del juez Garzón al insistir en que España carece de competencia para juzgar a los presuntos responsables de la represión durante la dictadura argentina (1976-1983). Fuengairiño declaraba que esa ha sido siempre la postura de la Fiscalía durante todo el proceso relacionado con los desaparecidos durante las dictaduras argentina y chilena. De hecho, recordó que se mostró disconforme con las extradiciones del ex general chileno Augusto Pinochet y el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo.
En la solicitud de extradición de Baltasar Garzón están incluidos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Ambos bajo arresto domiciliario y acusados de haber llevado adelante un plan para el robo de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención. En la misma situación están Guillermo Suárez Mason y Héctor Antonio Febres. También se solicita la extradición del ex marino Alfredo Astiz, condenado en Francia en rebeldía por la desaparición de dos monjas católicas. En la lista de Garzón también figuran los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, responsables de ejecuciones y desapariciones, beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.