La Audiencia Nacional investigará el genocidio cometido en el Tíbet por la dictadura comunista china
La Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar el genocidio por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y los noventa, según han informado fuentes jurídicas. Así lo ha acordado la sección cuarta de la Sala de lo Penal en un auto en el que estima el recurso que interpuso el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) contra la decisión del juez Ismael Moreno de archivar la querella presentada contra siete dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente de China, Jiang Zemin.
L D (Agencias) La Audiencia Nacional se declaró este martes competente para investigar el genocidio cometido en el Tíbet por la dictadura comunista china. Esta decisión se tomó tras tener en cuenta la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el “caso Guatemala”, en la que se ordenó investigar la persecución sufrida por el pueblo Maya, independientemente de la nacionalidad de las víctimas.
El auto afirma que "de la querella presentada junto con la importante documentación acompañada, se desprende no sólo que los hechos denunciados presentan caracteres de un delito de genocidio que deben ser investigados por la jurisdicción española, sino la competencia de este órgano judicial para admitir y tramitar la querella en su día denegada, atendiendo a los postulados y principios establecidos en la sentencia del TC de 26 de septiembre de 2005".
Durante los años 50 del siglo XX, China ocupó el país independiente del Tíbet. Se estima que más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90 por ciento de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas.
Según el tribunal español, de los datos descritos en la querella se desprende que los hechos pueden constituir un delito de genocidio que debe ser investigado, así como la competencia de la Audiencia Nacional para hacerlo "atendiendo a los postulados y principios de la sentencia del Tribunal Constitucional" que estableció la jurisdicción española en este tipo de delitos aunque no haya víctimas españolas.
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