Kirchner estudia reformar la Corte Suprema para asegurar la nulidad de las leyes de impunidad

LD (Agencias) El presidente Néstor Kirchner celebró una reunión con ocho de los principales organismos de derechos humanos del país, entre los que se hallan el Servicio de Paz y Justicia, liderado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y las Abuelas de Plaza de Mayo, presidida por Estela de Carlotto. Al término de la reunión, Gustavo Palmieri, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que "se trató la cuestión de la impunidad, de enviar un proyecto de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida". En sentido, mencionó que “Kirchner dijo que le parecía que el tema de la nulidad de las leyes debía solucionarse judicialmente, pero reconoció que gran parte del problema era la Corte, que anteriormente había negociado resoluciones para mantenerse en el cargo. También dijo que no estaba dispuesto a negociar con la Corte y planteó la posibilidad de llamar a un plebiscito para realizar alguna modificación entre sus integrantes”.

En 1987, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pusieron fin a las investigaciones y procesos judiciales contra más de 1.600 militares y policías implicados en la represión ilegal durante la última dictadura militar que gobernó en el país (1976-1983). La polémica aprobación de ambas leyes fue impulsada por la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) con el declarado objetivo de avanzar en la reconciliación nacional, después de que los jefes de las Juntas Militares hubiesen sido condenados a prisión perpetua en 1985. Desde entonces, varios jueces declararon la nulidad de esas leyes, pero la Corte Suprema de Justicia tiene este asunto en estudio desde el año pasado.

Palmieri indicó que a los integrantes de los organismos de derechos humanos "les llamó la atención la respuesta concreta que dio el presidente ante los distintos planteamientos, puesto que derivó cada caso al funcionario correspondiente". En la reunión, también participó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández.