Honduras aprueba una amnistía para los que participaron en la expulsión de Zelaya

La amnistía fue aprobada por el voto mayoritario del gobernante Partido Nacional, que suma 71 diputados, más uno de la Democracia Cristiana y uno del Partido Liberal, en la primera sesión de trabajo del Congreso, de 128 escaños, que quedó constituido ayer, lunes, para un período de cuatro años. Según el decreto, la amnistía abarca los delitos de "traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo, sedición, (todos del Código Penal), calificados como delitos políticos", y varios "delitos comunes conexos".

Estos últimos son usurpación de funciones, delitos cometidos por los particulares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución, desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Se excluyen de la amnistía "todas aquellas acciones constitutivas de delitos relacionados a actos de corrupción como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, al igual que los delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos", añade el texto.

La resolución parlamentaria, que no precisa los nombres de las personas que serán beneficiadas por la amnistía, solamente los delitos que abarca, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el diario oficial "La Gaceta".

La aprobación de la amnistía se produce un día antes de la investidura de Porfirio Lobo como presidente de Honduras y de que el depuesto Manuel Zelaya abandone la Embajada de Brasil, donde ha permanecido encerrado los últimos cuatro meses tras regresar al país de manera clandestina.

El decreto de la amnistía señala que "los órganos jurisdiccionales competentes deberán, de oficio o a petición de parte, sobreseer toda causa que estén conociendo y que esté comprendida en este beneficio". También establece que las investigaciones y "demás diligencias que a la fecha se encuentren en proceso en las oficinas del Ministerio Público, deberá procederse por este órgano contralor del Estado a su archivo administrativo".

Las acciones que se consideren constitutivas de delito de conformidad al criterio de la Comisión de la Verdad, que será creada como consecuencia del acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 por comisiones de Zelaya y del presidente, Roberto Mocheletti, "quedarán amparadas siempre y cuando se subsuman a lo establecido en el presente decreto", agrega.

Votaron en contra los cuatro diputados del Unificación Democrática, de izquierda; cuatro de la Democracia Cristiana y un liberal. La mayor parte de la bancada liberal, 43 diputados (de 45), se abstuvo, al igual que los tres diputados del Innovación y Unidad-Socialdemócrata.

El proyecto fue presentado por el diputado Mario Pérez, del Partido Nacional, quien en su exposición de motivos reseñó las acciones que Zelaya ejecutó al impulsar una consulta popular que promovía para reformar la Constitución el mismo día en que fue derrocado. Esas acciones, según Pérez, "llevaban la intención clara, y por ello manifiesta, de modificar la forma de gobierno que impone el texto constitucional hondureño, que no es otro que el republicano, democrático y representativo" y la alternancia en el poder.

Pérez recordó que el proyecto de Zelaya no se logró "por los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009 con la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento del deber constitucional". Los militares derrocaron a Zelaya ese día y lo expulsaron del país y el Congreso tapó designó como gobernante a Micheletti, hasta entonces jefe del Legislativo.