L D (EFE) El informe de 29 páginas de la fundación PFAW, que detalla las acciones del Departamento de Justicia desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, se publica mientras Ashcroft continúa una gira nacional de relaciones públicas en defensa de la ley antiterrorista. "En los Estados Unidos de Ashcroft, los inmigrantes son culpables hasta que prueban su inocencia, la defensa de los derechos civiles es opcional y la Carta de Derechos puede anularse de un solo plumazo. Eso simplemente es inaceptable", advierte el informe de PFAW.
Según la organización cívica, de corte "progresista", al titular de Justicia "se le ha pasado la mano" y el Congreso debe poner coto a las acciones que perjudiquen los derechos civiles, porque "la Carta de Derechos no es desechable en tiempos de guerra". "Estados Unidos debe tener las herramientas necesarias para luchar contra el terrorismo", pero también necesita un fiscal general que "defienda la Constitución", afirmó el presidente de PFAW, Ralph Neas.
El análisis incluye las acciones emprendidas por el Gobierno como parte de la lucha antiterrorista, los abusos cometidos contra centenares de inmigrantes –en particular su detención indefinida– y la petición de Ashcroft de ampliar aún más los poderes policiales. Como "prueba" de que Ashcroft no cumple con su tarea de proteger los derechos civiles, la PFAW señala que las acciones judiciales en contra de la discriminación han disminuido drásticamente desde que Ashcroft asumió el cargo en diciembre de 2000.
La organización, que mantiene una "vigilancia" contra grupos derechistas, agrega que Ashcroft busca imponer su ideología de "ultraderecha", ha lanzado una campaña que amenaza la independencia de los jueces federales y pone en peligro la separación de Iglesia y Estado respecto a la educación pública, entre otras acusaciones. La fundación PFAW se suma al coro de grupos, como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que han criticado las acciones del Gobierno en aras de la seguridad nacional y que, aseguran, han estado dirigidas principalmente a inmigrantes.
El temor de estos grupos cívicos es que más personas inocentes y sin ningún vínculo con el terrorismo se vean "atrapadas" en el laberinto burocrático y judicial de Estados Unidos, como ha sucedido con decenas de inmigrantes. El propio Inspector General del Departamento de Justicia, Glenn Fine, admitió el lunes en un informe que el Gobierno no ha actuado con la diligencia necesaria para resolver los problemas vinculados a la detención indefinida de centenares de inmigrantes desde el 11-S.
Según Fine, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional sólo han puesto en práctica dos de las 21 recomendaciones hechas en un informe anterior de junio pasado. Lo que es peor es que los investigadores han descubierto más pruebas de "abusos físicos y verbales" contra algunos reos en el Centro Metropolitano de Detenciones en Nueva York, dijo Fine, sin entrar en detalles. Ashcroft, por su parte, considera que la ley "Patriot Act" incluso no es suficiente para combatir las continuas amenazas terroristas contra EEUU y sus intereses en el mundo.
Más información: Pfaw.com
Según la organización cívica, de corte "progresista", al titular de Justicia "se le ha pasado la mano" y el Congreso debe poner coto a las acciones que perjudiquen los derechos civiles, porque "la Carta de Derechos no es desechable en tiempos de guerra". "Estados Unidos debe tener las herramientas necesarias para luchar contra el terrorismo", pero también necesita un fiscal general que "defienda la Constitución", afirmó el presidente de PFAW, Ralph Neas.
El análisis incluye las acciones emprendidas por el Gobierno como parte de la lucha antiterrorista, los abusos cometidos contra centenares de inmigrantes –en particular su detención indefinida– y la petición de Ashcroft de ampliar aún más los poderes policiales. Como "prueba" de que Ashcroft no cumple con su tarea de proteger los derechos civiles, la PFAW señala que las acciones judiciales en contra de la discriminación han disminuido drásticamente desde que Ashcroft asumió el cargo en diciembre de 2000.
La organización, que mantiene una "vigilancia" contra grupos derechistas, agrega que Ashcroft busca imponer su ideología de "ultraderecha", ha lanzado una campaña que amenaza la independencia de los jueces federales y pone en peligro la separación de Iglesia y Estado respecto a la educación pública, entre otras acusaciones. La fundación PFAW se suma al coro de grupos, como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que han criticado las acciones del Gobierno en aras de la seguridad nacional y que, aseguran, han estado dirigidas principalmente a inmigrantes.
El temor de estos grupos cívicos es que más personas inocentes y sin ningún vínculo con el terrorismo se vean "atrapadas" en el laberinto burocrático y judicial de Estados Unidos, como ha sucedido con decenas de inmigrantes. El propio Inspector General del Departamento de Justicia, Glenn Fine, admitió el lunes en un informe que el Gobierno no ha actuado con la diligencia necesaria para resolver los problemas vinculados a la detención indefinida de centenares de inmigrantes desde el 11-S.
Según Fine, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional sólo han puesto en práctica dos de las 21 recomendaciones hechas en un informe anterior de junio pasado. Lo que es peor es que los investigadores han descubierto más pruebas de "abusos físicos y verbales" contra algunos reos en el Centro Metropolitano de Detenciones en Nueva York, dijo Fine, sin entrar en detalles. Ashcroft, por su parte, considera que la ley "Patriot Act" incluso no es suficiente para combatir las continuas amenazas terroristas contra EEUU y sus intereses en el mundo.
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