Georgia acusa a Rusia de "limpieza étnica atenuada" después del cierre de negocios y la deportación de georgianos

 

Los georgianos que viven en Rusia se han convertido en el nuevo "enemigo del pueblo" para el Kremlin que, tras la "crisis de los espías", ha lanzado una campaña de acoso que afecta tanto a vendedores como a escritores de prestigio. "Nunca pensé que llegaría a vivir purgas étnicas en Rusia", dijo a la radio "Eco de Moscú" el escritor y ciudadano ruso de origen georgiano Grigori Chjartishvili, mundialmente conocido como Borís Akúnin.

 

 

Según la encuesta "Opinión Pública", los ánimos anti-georgianos han encontrado caldo de cultivo en la sociedad, ya que el 31 por ciento de los rusos considera que Georgia es ahora el principal enemigo de Rusia, por delante incluso de Estados Unidos (29 por ciento). Tras la suspensión del servicio postal con Georgia, que impide la llegada a su destino de las vitales remesas de los emigrantes, las autoridades rusas han comenzado a cerrar restaurantes, casinos y a deportar a centenares de georgianos.

 

La policía ha recibido la orden de proceder a registrar toda empresa o institución que tenga relación alguna con la comunidad georgiana, al tiempo que se suceden las detenciones en los mercados y las redadas en los círculos criminales. Un avión del ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia deportó el viernes a un grupo de 143 inmigrantes georgianos, presuntamente ilegales. Seguidamente, el jefe del departamento consular de la embajada georgiana en Moscú, Zurab Pataradze, denunció a la emisora de radio "Eco de Moscú" que algunos de ellos disponían de permiso de residencia.

 

Además de Akunin, al que investigan por evasión fiscal, la Cámara de Cuentas acusó de malversación de fondos a la Academia de Bellas Artes de Rusia, cuyo presidente es otro ruso de origen georgiano y renombre mundial, el escultor Zurab Tsereteli. Durante los tiempos de la URSS la georgiana era una de las comunidades más prósperas, pero después de 1991 su situación económica empeoró, por lo que ahora, al igual que otros ex soviéticos, emigran a Moscú y a otras ciudades en busca de trabajo. Según las autoridades rusas, la gran mayoría de georgianos que trabajan en este país -en torno a un millón- son ilegales, por lo que deben regularizar su situación o regresar a su país de origen.

 

 

En principio una nueva ley que flexibiliza la actual política de inmigración debería haber entrado en vigor el próximo 15 de enero con el fin de combatir el déficit de mano de obra que aqueja a este país, que recibe 20 millones de emigrantes anuales. No obstante, el presidente ruso, Vladímir Putin, echó por tierra las esperanzas de los inmigrantes al exigir esta semana un endurecimiento de la política de concesión de visados de trabajo para defender los intereses de la "población rusa". "Debemos proteger los intereses de los trabajadores y productores rusos. He instruido al Gobierno para que adopte de inmediato decisiones para controlar la presencia de trabajadores extranjeros en los mercados al por mayor y al por menor", señaló.

 

Putin dio de plazo al Gobierno hasta el próximo 15 de noviembre para tomar cartas en este asunto. Según el Servicio de Migración de Rusia (SMR), cerca de 80.000 georgianos llegaron a Rusia en los primeros seis meses de este año, de los que 29.000 no figuran en sus listas. "Uno de cada cien georgianos viola la ley, mientras en el caso de otras nacionalidades este porcentaje es de uno de cada mil", aseguró Mijaíl Tiurkin, subdirector del SMR.

 

Según el diario "Kommersant", por orden de las autoridades de la capital las escuelas moscovitas han elaborado listas negras con los nombres de los estudiantes con apellidos georgianos, con el fin de comprobar si sus padres tienen permiso de residencia. La jefa del Departamento de Educación de la capital, Liubov Kézina, protestó contra esas listas y prometió que "hará todo lo posible para evitar discriminación entre los estudiantes", mientras el ministerio del Interior prometía que castigará a los responsables.

 

El ex primer ministro ruso, Mijaíl Kasiánov, tachó la campaña anti-georgiana de "anticonstitucional" y acusó al Kremlin de caer en la "histeria chovinista" después de la detención la pasada semana en Georgia de cuatro presuntos espías rusos. En la misma línea, el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, aseguró que "la gente corriente no debe pagar las discrepancias entre los gobiernos"; mientras el defensor del pueblo, Vladímir Lukin, acusó a las burócratas de "pasarse de largo". Por su parte, el presidente del Senado, Serguéi Mironov, pidió a las fuerzas del orden público y la población que se abstengan de tomar "represalias" contra los georgianos. A pesar de las críticas, el Fiscal General de Rusia, Yuri Chaika, aseguró que todas las acciones adoptadas contra los ciudadanos georgianos "se enmarcan dentro de la ley".