LD (Agencias) En un auto notificado este martes, el juez Garzón afirma que "sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable" no pedir las extradiciones porque el Congreso argentino haya decretado la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aunque reconoce que con ello "se ha iniciado el camino que permitirá en su día la reapertura de acciones judiciales en aquel país".
En este sentido, el magistrado cita dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece que la necesidad de intervención jurisdiccional conforme al principio de Justicia universal sólo queda excluida cuando la jurisdicción territorial -en este caso, la argentina- se encuentra persiguiendo "de modo efectivo" el delito de carácter universal cometido en su propio país. No obstante, el juez advierte de que "en cualquier momento posterior, vista la evolución de los hechos, el criterio podría variarse, y las propias autoridades argentinas decidir que los procesos se continúen ante las autoridades judiciales competentes de aquel país. Pero no puede, en esta fase ni en este momento, renunciarse a una jurisdicción que está marcada por la ley".
Todos los reclamados fueron procesados por Garzón el 2 de noviembre de 1999 en un auto en el que se afirmaba que, en 1975, los responsables militares de cada una de las armas del Ejército decidieron derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón y diseñaron "un plan sistemático de desaparición y eliminación física de grupos de ciudadanos" en función de su ideología, raza o religión. Para ello, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, aprovecharon "la propia estructura militar de la nación, dividida en seis zonas, a su vez subdivididas en subzonas y áreas" y prepararon en ellas hasta trescientos cuarenta centros clandestinos de detención "que acogerán a las personas cuya detención, desaparición y eliminación se prevé".
En este sentido, el magistrado cita dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece que la necesidad de intervención jurisdiccional conforme al principio de Justicia universal sólo queda excluida cuando la jurisdicción territorial -en este caso, la argentina- se encuentra persiguiendo "de modo efectivo" el delito de carácter universal cometido en su propio país. No obstante, el juez advierte de que "en cualquier momento posterior, vista la evolución de los hechos, el criterio podría variarse, y las propias autoridades argentinas decidir que los procesos se continúen ante las autoridades judiciales competentes de aquel país. Pero no puede, en esta fase ni en este momento, renunciarse a una jurisdicción que está marcada por la ley".
Todos los reclamados fueron procesados por Garzón el 2 de noviembre de 1999 en un auto en el que se afirmaba que, en 1975, los responsables militares de cada una de las armas del Ejército decidieron derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón y diseñaron "un plan sistemático de desaparición y eliminación física de grupos de ciudadanos" en función de su ideología, raza o religión. Para ello, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, aprovecharon "la propia estructura militar de la nación, dividida en seis zonas, a su vez subdivididas en subzonas y áreas" y prepararon en ellas hasta trescientos cuarenta centros clandestinos de detención "que acogerán a las personas cuya detención, desaparición y eliminación se prevé".