L D (EFE) Fujimori, quien se mantuvo impasible durante la sesión y sólo fue traicionado por una constante mueca con la boca, estalló cuando fue requerido por el presidente del tribunal, César San Martín, para que dijera si aceptaba los términos del juicio. "A raíz de mi Gobierno se rescatan los derechos humanos de 25 millones de peruanos, si se cometieron algunos hechos execrables los rechazo totalmente, pero también rechazo los cargos y no acepto la acusación fiscal", subrayó en tono exaltado.
El ex gobernante dijo que recibió en 1990 a su país "en colapso", con una grave inflación, en aislamiento financiero internacional, y acosado por la violencia de la banda armada, Sendero Luminoso. Señaló que también existían grupos paramilitares como el llamado "Comando Rodrigo Franco" que, según medios peruanos, tuvo vínculos con el primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990). El fuerte alegato fue interrumpido por San Martín, quien le dijo: "Aquí mando yo". Fujimori respondió, con la voz quebrada, que su defensa se basará en "pruebas y no indicios", lo que motivó el aplauso de un grupo de sus seguidores que asistían al proceso.
El juicio oral al ex mandatario, recluido en la sede de operaciones especiales de la Policía desde su extradición el 22 de septiembre pasado, es por las matanzas de Barrios Altos ocurrida en 1991, y La Cantuta en 1992, en las que murieron un total de 25 personas, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, y el empresario Samuel Dyer. La fiscalía acusa a Fujimori de ser "autor mediato" (haber planificado, organizado y dirigido las acciones) de esas matanzas, cometidas por el grupo militar encubierto "Colina", y pide una condena a 30 años de cárcel y el pago de 100 millones de soles (33,3 millones de dólares).
Al inicio del proceso, los miembros del tribunal emitieron un pronunciamiento en el que aseguraron que serán "firmes" en sus decisiones, y reconocieron que son "conscientes de la expectativa social" generada por el juicio. El tribunal remarcó su "independencia e imparcialidad judicial" y el "pleno respeto a los principios del derecho penal". Entre los que se prevé comparecerán en el juicio, figuran el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que por motivos de seguridad no fue trasladado hasta la sede judicial, y será citado cuando se considere "pertinente", reveló San Martín. También se anunció que el primer ministro peruano, Jorge del Castillo, será citado como testigo por haber sido detenido irregularmente en la vivienda del actual presidente Alan García, tras el golpe de Estado de 1992.
Después de un inicio del proceso confuso y tumultuoso, en el que se pudo ver que los miembros del tribunal desconocían el número de testigos e implicados que declararán durante el proceso, los magistrados escucharon los alegatos iniciales de la defensa y los acusadores. El tribunal desestimó una solicitud del abogado Nakazaki, para que se rechace una petición del Ministerio Público que pidió que se establezcan "algunos márgenes complementarios a la reparación civil", que incluyan "medidas de rehabilitación, atención médica, psicológica y social para las víctimas".
Momentos de tensión se vivieron en la reducida sala de la audiencia, –donde un grueso vidrio separa a los protagonistas del juicio, del público y la prensa–, cuando ingresaron los familiares de las víctimas. Los fujimoristas se habían situado alrededor de la familia de su líder, colocada en la primera fila, y especialmente de la congresista Keiko Sofía, quien cuestionó la "independencia" de la sala.