Fujimori, sentenciado a casi ocho años de cárcel por corrupción

Nuevamente la Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso una de las sanciones más altas, ya que la Fiscalía había pedido ocho años de cárcel por este caso de corrupción en Perú, donde las condenas no son acumulativas.

Por ello, el ex presidente estará en la cárcel más allá del 11 de agosto de 2014, fecha en que vence esta última sentencia, pues ya cumple dos condenas previas, una de 25 años por crímenes contra la humanidad por dos matanzas y dos secuestros (que aún debe ser confirmada en apelación), y otra de seis años por allanamiento de morada.

En el juicio, el ex presidente peruano (1990-2000) también fue condenado –por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica en agravio del Estado– a dos años y diez meses de inhabilitación para ejercer un cargo público y a pagar una cantidad de 3 millones de soles (aproximadamente un millón de dólares) en reparaciones al Estado peruano.

El presidente de la Sala que lo juzga, César San Martín, subrayó antes de la lectura del fallo de que se trataba de una "sentencia jurídica" que se deriva de los hechos juzgados y "no existe ningún cálculo político" detrás de ella.

A modo de respuesta, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo al término del proceso que se había tratado de un "juicio político" con el fin de que "Fujimori se muera en la cárcel" y sugirió que lo que se pretendía es detener "la marcha del fujimorismo". Nakazaki basó su estrategia de defensa en el argumento de que Fujimori restituyó los 15 millones al poco tiempo de sustraerlo, por lo que no existía delito, lo que fue considerado un sarcasmo por la fiscalía.

El proceso comenzó el 13 de julio y se resolvió en poco más de una semana debido a que el ex gobernante aceptó los hechos juzgados mas no la responsabilidad penal del pago de los 15 millones, realizado poco después de que se destapara una red de corrupción gubernamental dirigido por Montesinos, jefe en la sombra del todopoderoso Servicio de Inteligencia. Sin embargo, en su alegato final, Fujimori, aseveró el pasado viernes que esta indemnización respondía a la necesidad de salvar al país de un eventual golpe de Estado de su asesor, después de que éste había entendido que ya no se requerían sus servicios.

En su autodefensa el ex jefe de Estado también señaló que fueron sus entonces titular de Economía, Carlos Boloña, y el primer ministro, Federico Salas, quienes le explicaron que "la única alternativa para evitar un mal mayor al país era aceptar la condición del ex asesor, que literalmente vendía su salida".

Tras la lectura de la sentencia del caso de los 15 millones, el fiscal Avelino Guillén destacó la "solidez de la sentencia", emitida en base al reconocimiento inicial del "conjunto de los hechos" por parte de Fujimori y la solicitud de la Sala para que se investigue de dónde salieron los fondos para reintegrar al Estado el dinero entregado a Montesinos.

En declaraciones a periodistas, Guillén sostuvo que Fujimori intentó hacer un "discurso electoral" en su alegato final y "señaló hechos nuevos desvinculados con la aceptación inicial de los hechos", entre ellos, que "el dinero se lo había encontrado en el Servicio de Inteligencia Nacional, hecho que la Sala no ha aceptado y ha considerado como un hecho inaudito". Tan pronto como se conoció la sentencia, Fujimori anunció que interpondrá un recurso de nulidad.