Fujimori enfrenta su cuarto juicio, esta vez por escuchas ilegales y el pago a congresistas

La Fiscalía ha acusado a Fujimori por los delitos de peculado contra la administración pública, contra la libertad y la violación del secreto de las comunicaciones, dentro los casos conocidos como "interceptación telefónica", "congresistas tránsfugas" y "medios de comunicación".

El juicio oral, a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por Cesar San Martín, se celebrará en la sede judicial de la Dirección de Operaciones Especiales, en Lima y será el cuarto proceso penal que enfrente el ex mandatario desde que fuese extraditado a Perú en septiembre de 2007.

El fiscal supremo, Avelino Guillén, ha asegurado que la sala penal actuará con "independencia, transparencia y honestidad", así como lo hizo en el anterior juicio al ex mandatario, y afirmó que la sentencia no se basará en "criterios subjetivos", sino en "las pruebas necesarias y objetivas".

El pasado mes de abril, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión al ser declarado responsable de la muerte de 25 personas entre los años 1991 y 1992, en las conocidas masacres de Barrios Altos y La Cantuta. A finales de 2007, la Sala Penal Especial había dictado una pena privativa de libertad de seis años contra el ex gobernante por el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad Becerra, ex esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos.

En esta ocasión, la Fiscalía pide para Fujimori una condena de ocho años de cárcel y el pago de una reparación civil de 5 millones de nuevos soles (1,17 millones de euros) a favor del Estado peruano, además de 3 millones de nuevos soles (707.000 euros) para resarcir a los agraviados de las escuchas ilegales.

Varias acusaciones

Fujimori ha sido acusado por la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de peculado, cohecho activo en agravio del Estado y violación del secreto de las comunicaciones, en el caso de la "interceptación telefónica" a varios políticos y funcionarios. La Fiscalía ha señalado que el ex mandatario dio su aprobación a los organismos de inteligencia de Perú para realizar las interceptaciones ilegales a un grupo de personas que habían mostrado su desacuerdo con el gobierno.

En el caso "medios de comunicación", la denuncia de la Fiscalía destaca que Fujimori presuntamente se aprovechó de su posición como presidente y emprendió algunas acciones con el fin de controlar los medios locales y poder conseguir así su reelección.

Pero una de las acusaciones más graves es la del caso de los "congresistas tránsfugas". La acusación asegura que Fujimori ordenó el reclutamiento de legisladores dentro del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a quienes pagó altas sumas de dinero, informó la prensa local.

La Fiscalía documentará este caso con un vídeo en el que aparece el ex asesor presidencial Valdimiro Montesinos entregando dinero al entonces parlamentario Alberto Kouri, a cambio de seguir apoyando al gobierno de Fujimori. Este material fue uno de los que se incautó la justicia peruana en el polémico caso de los "vladivídeos" que revelaron casos de corrupción en los que podría estar involucrado el ex presidente.