LD (Agencias) La persistencia de las movilizaciones en la urbe alteña, vecina a La Paz, y la intervención militar dispuesta por las autoridades el sábado pasado convirtió a esa ciudad en un escenario de guerra que provocó al menos cinco víctimas fatales en la jornada dominical, según fuentes oficiales. Los datos del Gobierno contrastaron con las informaciones proporcionadas por las emisoras de radio locales, según las cuales fueron doce los fallecidos, con lo que el número de muertos desde el comienzo de las movilizaciones hace cuatro semanas ascendería a 22.
La entrada del Ejército indignó a los directivos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) y de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CTPB), tras varias horas de esperar del Ejecutivo una respuesta a su oferta de mediación, expresada el sábado al presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. El presidente de la APDHB, Waldo Albarracín, declaró que, en lugar de "señales positivas" para encaminarse a una negociación, las autoridades optaron por el "camino contrario" pues se incrementó la represión, aumentó la cantidad de víctimas y se ha creado un clima de terror en El Alto.
Las dos organizaciones anunciaron, sin embargo, que continuarán desplegando esfuerzos para ayudar a la búsqueda de una solución concertada y exhortaron "a los sectores movilizados a mantener la serenidad y evitar la violencia". Por su parte, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, rechazó la posibilidad de entablar conversaciones con el Ejecutivo porque, en su opinión, existen "trampas" en el discurso gubernamental para responder a las demandas de las organizaciones que realizan las protestas.
Por su parte, el portavoz presidencial, Mauricio Antezana, afirmó en rueda de prensa que las autoridades han logrado convencer a un grupo de dirigentes de la organización civil de El Alto a que acepten iniciar negociaciones sobre sus peticiones regionales. El anuncio oficial cayó en saco roto cuando el dirigente alteño Roberto De la Cruz aseguró que "nadie, excepto la COB, está autorizado a dialogar sobre los planteamientos, e insistió en que la recuperación del derecho propietario boliviano sobre los hidrocarburos es el objetivo central de la movilización.
La entrada del Ejército indignó a los directivos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) y de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CTPB), tras varias horas de esperar del Ejecutivo una respuesta a su oferta de mediación, expresada el sábado al presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. El presidente de la APDHB, Waldo Albarracín, declaró que, en lugar de "señales positivas" para encaminarse a una negociación, las autoridades optaron por el "camino contrario" pues se incrementó la represión, aumentó la cantidad de víctimas y se ha creado un clima de terror en El Alto.
Las dos organizaciones anunciaron, sin embargo, que continuarán desplegando esfuerzos para ayudar a la búsqueda de una solución concertada y exhortaron "a los sectores movilizados a mantener la serenidad y evitar la violencia". Por su parte, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, rechazó la posibilidad de entablar conversaciones con el Ejecutivo porque, en su opinión, existen "trampas" en el discurso gubernamental para responder a las demandas de las organizaciones que realizan las protestas.
Por su parte, el portavoz presidencial, Mauricio Antezana, afirmó en rueda de prensa que las autoridades han logrado convencer a un grupo de dirigentes de la organización civil de El Alto a que acepten iniciar negociaciones sobre sus peticiones regionales. El anuncio oficial cayó en saco roto cuando el dirigente alteño Roberto De la Cruz aseguró que "nadie, excepto la COB, está autorizado a dialogar sobre los planteamientos, e insistió en que la recuperación del derecho propietario boliviano sobre los hidrocarburos es el objetivo central de la movilización.