LD (Agencias) El alcance de las facultades del Parlamento se encuentra en el centro del debate en Argentina después de la decisión de la Cámara de Diputados de anular las leyes de perdón para los represores de la última dictadura militar. El proyecto aprobado por los diputados todavía debe ser ratificado por el Senado, donde existen discrepancias entre las distintas fuerzas y dudas sobre las facultades del Parlamento para anular leyes. Por lo pronto, el asunto ha generado una polémica en el Gobierno de Néstor Kirchner, uno de los principales objetores de la validez de las normas de “Punto final” y “Obediencia debida”. Además, algunos legisladores y expertos en derecho advirtieron que la atribución de declarar la nulidad de cualquier ley con carácter retroactivo corresponde únicamente al Poder Judicial y no al Legislativo.
En declaraciones a la prensa, el vicepresidente del país y quien también ejerce la presidencia del Senado, Daniel Scioli, sostuvo que en un “país serio las leyes no se anulan” y estimó que el proyecto aprobado por los diputados no tendrá validez legal. Apuntó que “los especialistas dicen que esto no va a tener validez jurídica, que tiene validez política, al margen de que uno esté absolutamente sensibilizado con este tema, a favor de los derechos humanos y con mucha compresión y dolor por todo lo que ocurrió”. En ese sentido también se ha pronunciado el constitucionalista Daniel Sabsay, quien explicó que aunque la iniciativa que surgió de la cámara baja fue una “proclama” que “manifiesta la clara voluntad del Poder Legislativo de luchar en aras de la búsqueda de la verdad, la justicia y contra la impunidad”, al momento de su “aplicación jurídica, ha sido el ejercicio de una facultad que la Constitución no le concede al Congreso. Es una competencia exclusiva del Poder Judicial”.
Precisamente la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, tiene pendiente una resolución sobre la validez del Punto Final y la Obediencia Debida, leyes que varios tribunales argentinos de primera y segunda instancia consideran inconstitucionales. Aunque también habló de “una importante decisión política” del Parlamento, el juez Rodolfo Canicoba Corral consideró que la ley aprobada por los diputados “va a ser un elemento de interpretación” en causas sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. El magistrado tramita en Buenos Aires la orden de captura con fines de extradición de 46 argentinos a quienes el juez español Baltasar Garzón procesó y pretende juzgar en Madrid por genocidio, terrorismo de Estado y torturas a presos políticos.
En declaraciones a la prensa, el vicepresidente del país y quien también ejerce la presidencia del Senado, Daniel Scioli, sostuvo que en un “país serio las leyes no se anulan” y estimó que el proyecto aprobado por los diputados no tendrá validez legal. Apuntó que “los especialistas dicen que esto no va a tener validez jurídica, que tiene validez política, al margen de que uno esté absolutamente sensibilizado con este tema, a favor de los derechos humanos y con mucha compresión y dolor por todo lo que ocurrió”. En ese sentido también se ha pronunciado el constitucionalista Daniel Sabsay, quien explicó que aunque la iniciativa que surgió de la cámara baja fue una “proclama” que “manifiesta la clara voluntad del Poder Legislativo de luchar en aras de la búsqueda de la verdad, la justicia y contra la impunidad”, al momento de su “aplicación jurídica, ha sido el ejercicio de una facultad que la Constitución no le concede al Congreso. Es una competencia exclusiva del Poder Judicial”.
Precisamente la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, tiene pendiente una resolución sobre la validez del Punto Final y la Obediencia Debida, leyes que varios tribunales argentinos de primera y segunda instancia consideran inconstitucionales. Aunque también habló de “una importante decisión política” del Parlamento, el juez Rodolfo Canicoba Corral consideró que la ley aprobada por los diputados “va a ser un elemento de interpretación” en causas sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. El magistrado tramita en Buenos Aires la orden de captura con fines de extradición de 46 argentinos a quienes el juez español Baltasar Garzón procesó y pretende juzgar en Madrid por genocidio, terrorismo de Estado y torturas a presos políticos.