Evo Morales considera una "cantinflada" la suspensión del referendo revocatorio
El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia ordenó a la Corte Nacional Electoral (CNE) que suspenda la organización del referendo para la revocación de los mandatos del presidente y de los gobernadores convocado para el 10 de agosto. La decisión es consecuencia de una demanda interpuesta por la opositora formación política Unidad Nacional. Desde el Gobierno, el ministro de Defensa Walker San Miguel, calificó de "cantinflada" la orden y sostuvo que la consulta seguirá adelante.
LD (Agencias) En una conferencia de prensa tras conocerse que el Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó suspender la celebración del referendo para la revocación de los mandatos del presidente y de los gobernadores, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo que la decisión de la alta instancia jurídica le recuerda a las actuaciones del actor mexicano Mario Moreno "Cantinflas". "Es una 'cantinflada' que nadie comprende de dónde salió. No se puede manosear a una institución como el Tribunal Constitucional", subrayó.
Silvia Salame, única magistrada del alto Tribunal Constitucional debido a las sucesivas renuncias de los otro cuatro miembros elegidos por el Parlamento, comunicó a medios de comunicación locales que la decisión de suspender el referendo revocatorio es consecuencia de una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN).
Salame explicó que, pese a ser la única magistrada en funciones en el TC, después de que sus cuatro colegas dimitieran meses atrás tras denunciar presiones políticas, puede firmar un decreto de ese tipo porque hay jurisprudencia al respecto. Destacó que la demanda presentada por Murillo es un "recurso incidental de inconstitucionalidad" que alega que al convocar el referendo se violó la Constitución, debido a que ese tipo de consulta no está incluida en la Carta Magna, aunque fue avalada por una ley del Congreso promulgada por Morales.
Por su parte, San Miguel enfatizó que la decisión de Salame "mancilla incluso el honor de la abogacía" y el Gobierno presentará en su contra una "querella criminal por prevaricación" porque, a su juicio, no puede firmar un decreto de tal importancia de forma individual.
El ministro de Defensa Legal de Recuperaciones Estatales y encargado de casi todos los asuntos legales del régimen de Morales, Héctor Arce, sostuvo que la consulta convocada para el 10 de agosto está amparada por una ley del Congreso, respaldada en el Senado por partidos de la oposición y el oficialismo.
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