los escritos de albemir no dejan lugar a muchas dudas. Honduras ha defendido su democracia. El rasgamiento colectivo de vestiduras, sin análisis ni cautela de nuestros políticos, nos ponen sobre la pista de cómo entienden la política y el poder.
En España se ataca a su unidad; se enfrentan a las regiones; se hace alianza con los separatistas; se dialoga con asesinos; se deforma la Historia; se usurpa el derecho de los padres; se fomenta y se quiere legislar para convertir un delito en un derecho, como el aborto; se premia a los "nuestros" ( los de ellos) aunque sean carroña; se nombran ministros a no pocos solo para que no siendo expertos, no creen problemas al "jefe"; se miente desde el Congreso y desde el Gobierno; los grandes medios están solo al servicio de la descomposición de España; nos endeudan por generaciones; se despilfarra el dinero arruinando la medianas empresas; superamos en paro a todo el mundo; crece la corrupción como setas por todo el bosque....y se nos M I E N T E una y otra vez degradando al pueblo y destruyendo la democracia.....
Vamos, mucho menos que Zalaya. Y todos acojonados...
¿Por qué? sencillamente porque todos los organismos constitucionales pemiten la TRAICIÓN a la NACIÓN.
A Chavez y Castro les llegará su turno para orientar al gobierno en el
último paso de destrucción de la democracia y de ESPAÑA.
El progreso nos retrotrae a los años 30...
--> Y de acuerdo a ese artículo, “la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”.
El Decreto PCM-020 consta de nueve Considerandos, algunos de los cuales, carecen de mayor contenido, en tanto otros, revelan las contradicciones mismas en que incurre en “su legalidad” el Poder Ciudadano que dirige el presidente Manuel Zelaya Rosales. Los Considerandos, en algunas de sus partes buscan fundamentar el ámbito jurídico nacional e internacional bajo los cuales se rige el país, al hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la Carta Interamericana Democrática y otros aspectos de orden jurídico-internacional.
Iniciativa Ciudadana, ¿voluntaria o inducida?
En el sexto Considerando, el gobierno justifica la realización de la consulta para Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en que la misma es producto del clamor “individual y voluntario” de miles de ciudadanos y ciudadanas, así como sectores sociales, en el ejercicio de la iniciativa que la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 5, numeral 1, les confiere. Estos ciudadanos y ciudadanas, así como grupos sociales, pidieron al Ejecutivo que por medio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se realice una encuesta nacional de opinión, mediante el uso de “procedimientos estadísticos” a más tardar el último domingo de junio de 2009.
Según ese Considerando, el objeto de la encuesta o consulta es preguntar a la ciudadanía lo siguiente: ¿Está de acuerdo que en las elecciones generales de 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?: SI o NO.
El artículo 5, numeral 1, de la Ley de Participación Ciudadana , manifiesta que “la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general, a los vecinos de un Municipio, de un barrio o colonia, a gremios, sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante; y (…)
Cabe destacar que hasta ahora, esas iniciativas ciudadanas y de organizaciones sociales de las que habla el gobierno en sus Considerandos, fueron inducidas al existir una orden gubernamental de instruir a sus ministros a “recoger firmas” por todo el país para justificar la consulta.
Juristas consultados por Proceso Digital, indicaron que en base a este artículo y numeral que invoca la administración Zelaya, la Ley de Participación Ciudadana no es una normativa para ejercer una “consulta directa” de reforma constitucional. Esta norma, aseguran, no está por encima de la Constitución que ya contempla en su articulado las figuras del Plebiscito y Referéndum, cuyo ejercicio fue recientemente reglamentando. Una orden judicial, ratificada por una Corte de Apelaciones, se pronunció indicando que esa propuesta estatal es ilegal porque viola los procedimientos y normas constitucionales, pues se está convocando a consultas de tipo político-electoral, y esa atribución, por ley, sólo es conferida al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral.
El INE, por sobre la Constitución
Sin embargo, el gobierno haciendo caso omiso a una sentencia legal, de un poder del Estado, creado para resolver controversias entre las partes, decidió seguir con su propuesta y otorgó al INE la facultad de implementarla con “procedimientos estadísticos”, los cuales, por ahora son del desconocimiento público. La forma y mecanismos en que se hará la ilegal consulta o encuesta, no sólo carece de metodología científica, sino que carece de juridicidad y veracidad, pues no se hará en base a un padrón electoral, no se garantiza una mesa escrutadora independiente aduciendo que esa garantía la hará el “pueblo-pueblo”, entre otros aspectos.
El INE si bien tiene entre sus funciones promover estudios y generar estadísticas para orientar las políticas en la administración pública, por ley no está facultado para hacer consultar de tipo político-electoral con carácter de reformas constitucionales, como la actual iniciativa. De ahí que el gobierno siga cayendo en su propia ilegalidad. Previo a la fundamentación jurídica del decreto, se refiere a lo que es Estado, territorio, al igual que a las atribuciones del Presidente, que en el artículo 245, numeral 2, señala que es atribución del gobernante “Dirigir la política general del Estado y representarlo”; pero ello no indica que el Ejecutivo está autorizado a “romper los otros poderes del Estado o irrumpir en ellos”, como pretende en el fondo con este decreto que convoca abiertamente a una Asamblea Nacional Constituyente, expresaron juristas, fiscales y jueces abordados por Proceso Digital.
Zelaya viola sus propias atribuciones constitucionales}
Ese artículo constitucional claramente le define sus funciones al Presidente y le indica que en una democracia existen contrapesos. También, en la fundamentación del decreto, se indica claramente que el Poder Ejecutivo tiene entre sus funciones llevar la política general del Estado en el ámbito administrativo y en política internacional, pero no lo faculta a usurpar otros poderes. De ahí que los artículos que dentro del ámbito de la administración pública se mencionan en el decreto, son claros en cuanto a indicarle al Presidente de la República: “Señor, usted va a gobernar en el Ejecutivo y no puede salirse de ahí”.
La ley de la administración pública fue elaborada por el ex fiscal y ex ministro de la defensa, Edmundo Orellana, quien, se asegura, le advirtió al gobernante y a sus ministros los alcances de esa consulta ilegal, y les habría dicho que ello “podría costarles la cárcel” porque estaban irrumpiendo en las funciones de otros poderes.
Disolución de poderes, a la vuelta de la esquina
Si se analiza toda la fundamentación jurídica que invoca el Ejecutivo para la ilegal consulta o encuesta, la misma normativa le indica al presidente Zelaya que dentro de sus atribuciones no está el convocar a una encuesta de opinión pública “para instalar una Asamblea Constituyente”, por lo que nuevamente el mandatario vuelve a incurrir, una vez más, en una violación a la Constitución y el estamento jurídico que regula el Estado de Derecho y el actual Contrato Social que rige a Honduras.
Con el decreto PCM-020, según los expertos consultados, con quien Proceso Digital analizó cada parte del documento, el presidente Zelaya lo que está provocando es el rompimiento de la institucionalidad, misma a la que está llamada a garantizar precisamente la Carta Democrática de la OEA que aborda en sus Considerandos este decreto presidencial. Si triunfa el SI, como indica la tendencia, al no existir garantías que indique un respeto a las ciudadanos y ciudadanas que ejercieran el NO, porque será el mismo gobierno quien realice, supervise, cuente los datos y controle la logística, la otra semana, Zelaya pudiera, en cualquier momento, disolver los poderes del Estado y conformar la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos delegados, ha trascendido, ya fueron incluso nombrados con anterioridad.
INFORME ESPECIAL
Informe especial I: Decreto PCM-020 era una celada de Zelaya contra la democracia
Decreto PCM-020 convocando a una Constituyente, promueve ruptura del orden institucional
Tegucigalpa 28 de junio de 2009.- El Decreto presidencial PCM-020 para la realización del proyecto denominado “Encuesta de Opinión Pública Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente”, difundido y publicado la tarde-noche del jueves, en el diario Oficial La Gaceta, no sólo cambia las reglas del juego de la ilegal consulta que ha promovido el Poder Ciudadano, sino que también promueve la ruptura del orden institucional al eliminar los pesos y contrapesos que caracterizan a la democracia en un estado de Derecho.
Pública y originalmente, el gobierno ha venido sosteniendo que la ilegal encuesta es para consultar al pueblo si quiere o no una cuarta urna a ser instalada en las elecciones de noviembre para conformar una asamblea nacional constituyente que formule una nueva constitución. Esa ha sido la versión pública, hasta ahora. Pero en la publicación del decreto, ahora dice otra cosa: en vez de llamarse decreto proyecto “Encuesta de Opinión Pública para instalar una Cuarta Urna”, ahora se llama proyecto “Encuesta de Opinión Pública Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente”. Dos términos distintos que en lenguaje jurídico no son lo mismo. Aquí se aplica el dicho popular que indica “quien hace la ley, hace la trampa”.
Teóricamente, el gobierno estaría convocando a una consulta para instalar una Cuarta Urna, pero en la práctica, en la legalidad del decreto publicado, el gobierno está convocando para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, la cual la puede hacer en cualquier momento, dependiendo de los resultados de la consulta. Así, está rompiendo prácticamente el orden institucional y constitucional.
En sigilo para su publicación desde hace un mes
La publicación, elaborada desde el 26 de mayo del 2009, y publicada casi un mes después, a escasas horas de la ilegal consulta, cita en sus Considerandos los artículos 2 y 5 constitucionales, en los cuales se habla que la soberanía corresponnde al pueblo y que el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. No obstante, ese primer Considerando olvidó indicar que el artículo 2 si bien se refiere a que la soberanía corresponde al pueblo, de ésta emanan “todos los poderes del Estado que se ejercen por representación”.-->
¿Quies es la ONU, para imponer un presidente a un parlamento?. No me gustaria convertirme en un subdito de una provincia de la ONU. Hoy votaria no a la Unión Europea.
En este asunto, la comunidad internacional y especialmente Obama y Zapatero, que se han equivocado al condenar un golpe de estado que no ha sido tal y ahora les tocará rectificar sin que se les se vea mucho el plumero, pero esencialmente este hecho ha sido una bofetada para los delirios de Hugo Chavez que con su petróleo estaba convirtiendo la zona en su imperio particular.
Hipocritas!!! Y por que no hacen lo mismo con Cuba que ahi si que hubo usurpacion del poder a traves de un golpe de estado revolucionario. HIPOCRITAS GOBIERNO, ONU, TODOS
¡Cómo andan de cabreados los de la secta "filantrópica"!. Les han estropeado el plan para esclavizar Honduras....
Uffff como les escuece esto a los rojos. El ejército ayudando a la democracia hondureña.
¡¡Ánimo rojos, sois los últimos en no creer en la democracia, podéis cambiar, ayer lo hizo Gabilondo!!
Creo que la mayoría de españoles de bien estamos con Honduras porque sabemos que actuó el imperio de la ley,que es como debe ser ante un presidente déspota como Zelaya,lacayo de Chávez y Castro.
El orangután Moratinos tiene muchas que pagar,el amigo de terroristas como Arafat.
¡¡VIVA HONDURAS LIBRE!!