L D (EFE) La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) es vital para la concreción, en el corto o mediano plazo, de eventuales consultas populares que se espera zanjen pacíficamente el conflicto político y social que vive el país. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habilitó a su Sala Constitucional para que, desde el próximo viernes, asuma la designación del nuevo CNE en caso de que no lo haya hecho la Asamblea Nacional (AN), de 165 miembros, un 51 por ciento afectos al Gobierno del presidente Hugo Chávez.
El pasado día 4 el Supremo dictaminó que la Asamblea Nacional incurrió en una "omisión constitucional" por el retraso en la designación de los cinco directivos principales y diez suplentes del CNE. La Sala Constitucional dio diez días a los diputados para concretar el proceso, plazo que vencerá el próximo jueves, y aclaró que una directiva electoral nombrada por el Supremo será transitoria y cesará en sus funciones cuando la Asamblea Nacional designe las autoridades de las consultas populares.
El proceso en el Legislativo se trabó en marzo pasado, cuando tras alcanzar un "amplio consenso" sobre cuatro directivos electorales, los diputados oficialistas y opositores no pudieron acordar el nombre quinto miembro principal del CNE. La ley establece que la directiva electoral debe ser aprobada por las tres cuartas partes del pleno legislativo, por lo que ni las fuerzas aliadas al Gobierno ni las opositoras han podido imponer su criterio en la materia.
La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, incluida su directiva, rechazó el fallo judicial y advirtió que el Supremo incurriría en una "intromisión" en los asuntos del Legislativo si asume la atribución constitucional "exclusiva" del Parlamento de designar al CNE. Según la directiva de la Asamblea Nacional, que preside el "chavista" Francisco Ameiach, el que hayan concluido los plazos legales del proceso no "constituye una omisión constitucional", porque el Legislativo "ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos para superar la situación". Incluso el diputado y dirigente oficialista, Nicolás Maduro, advirtió que si el Supremo designa una directiva electoral violaría la Constitución y provocaría una "contundente reacción popular".
Por el contrario, la oposición parlamentaria aplaudió la decisión del Supremo porque, sostuvo, está descartado un acuerdo parlamentario que permita a la Asamblea Nacional nombrar a los rectores electorales. Por su parte, Isaías Rodríguez, fiscal general del país y ex vicepresidente del Gobierno de Chávez, advirtió el viernes pasado que la Constitución faculta al Supremo para nombrar a la directiva electoral. Rodríguez, quien es acusado por la oposición de ser un "elemento chavista", sostuvo que la Carta Magna autoriza al Poder Judicial a declarar que otros poderes del Estado han incurrido en "omisión" y a corregir sus desviaciones.
En medio de la polémica por el fallo judicial, el Supremo suspendió el "proceso de consultas" para escoger a los posibles nuevos directivos del CNE que anunció iniciaría el pasado miércoles. El máximo tribunal aclaró que no está obligado a escoger a los rectores electorales de entre los 86 postulados seleccionados a principios de año por una comisión especial integrada por diputados y representantes civiles.
Gobierno y oposición acordaron que sólo una nueva directiva electoral podrá encargarse de decidir la celebración de un eventual referendo sobre la permanencia de Chávez en el cargo. Esa consulta popular vinculante, prevista en la Constitución, puede activarse a partir de la mitad del mandato, que en el caso de Chávez se cumplirá el próximo día 19. Gobierno y oposición acordaron el pasado mayo pasado, tras siete meses de negociaciones tuteladas por la OEA, que el referendo revocatorio es la salida electoral al conflicto que vive Venezuela.
El pasado día 4 el Supremo dictaminó que la Asamblea Nacional incurrió en una "omisión constitucional" por el retraso en la designación de los cinco directivos principales y diez suplentes del CNE. La Sala Constitucional dio diez días a los diputados para concretar el proceso, plazo que vencerá el próximo jueves, y aclaró que una directiva electoral nombrada por el Supremo será transitoria y cesará en sus funciones cuando la Asamblea Nacional designe las autoridades de las consultas populares.
El proceso en el Legislativo se trabó en marzo pasado, cuando tras alcanzar un "amplio consenso" sobre cuatro directivos electorales, los diputados oficialistas y opositores no pudieron acordar el nombre quinto miembro principal del CNE. La ley establece que la directiva electoral debe ser aprobada por las tres cuartas partes del pleno legislativo, por lo que ni las fuerzas aliadas al Gobierno ni las opositoras han podido imponer su criterio en la materia.
La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, incluida su directiva, rechazó el fallo judicial y advirtió que el Supremo incurriría en una "intromisión" en los asuntos del Legislativo si asume la atribución constitucional "exclusiva" del Parlamento de designar al CNE. Según la directiva de la Asamblea Nacional, que preside el "chavista" Francisco Ameiach, el que hayan concluido los plazos legales del proceso no "constituye una omisión constitucional", porque el Legislativo "ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos para superar la situación". Incluso el diputado y dirigente oficialista, Nicolás Maduro, advirtió que si el Supremo designa una directiva electoral violaría la Constitución y provocaría una "contundente reacción popular".
Por el contrario, la oposición parlamentaria aplaudió la decisión del Supremo porque, sostuvo, está descartado un acuerdo parlamentario que permita a la Asamblea Nacional nombrar a los rectores electorales. Por su parte, Isaías Rodríguez, fiscal general del país y ex vicepresidente del Gobierno de Chávez, advirtió el viernes pasado que la Constitución faculta al Supremo para nombrar a la directiva electoral. Rodríguez, quien es acusado por la oposición de ser un "elemento chavista", sostuvo que la Carta Magna autoriza al Poder Judicial a declarar que otros poderes del Estado han incurrido en "omisión" y a corregir sus desviaciones.
En medio de la polémica por el fallo judicial, el Supremo suspendió el "proceso de consultas" para escoger a los posibles nuevos directivos del CNE que anunció iniciaría el pasado miércoles. El máximo tribunal aclaró que no está obligado a escoger a los rectores electorales de entre los 86 postulados seleccionados a principios de año por una comisión especial integrada por diputados y representantes civiles.
Gobierno y oposición acordaron que sólo una nueva directiva electoral podrá encargarse de decidir la celebración de un eventual referendo sobre la permanencia de Chávez en el cargo. Esa consulta popular vinculante, prevista en la Constitución, puede activarse a partir de la mitad del mandato, que en el caso de Chávez se cumplirá el próximo día 19. Gobierno y oposición acordaron el pasado mayo pasado, tras siete meses de negociaciones tuteladas por la OEA, que el referendo revocatorio es la salida electoral al conflicto que vive Venezuela.